Diego Ordóñez
Entrega. El secretario de Seguridad Diego Ordóñez presentó en la Fiscalía.HENRY LAPO

A Guayas, Manabí y Santo Domingo pertenecen los jueces que denuncia el Gobierno

Se trata de seis judiciales a los que se señala por posibles actuaciones irregulares en casos de delincuencia organizada

El secretario de Seguridad Diego Ordóñez presentó en la Fiscalía una denuncia para que se investiguen las actuaciones de al menos seis jueces de Guayas, Manabí y Santo Domingo por posibles actuaciones irregulares en casos de delincuencia organizada y de actores políticos.

Ordóñez llegó este miércoles 8 de febrero a la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito, con un documento en el que detalla los nombres de los jueces y los casos en los que habrían actuado los señalados para pedir que se investigue su actuación.

Los nombres ya fueron expuestos por el presidente Guillermo Lasso el martes 7 de febrero por la noche con el historial de actuaciones efectuado a través de un cruce de casos en los que su intervención habría permitido liberar a personas señaladas por asesinato, violación, delitos de drogas y devolución de bienes de un posible narcotraficantes.

El presidente Lasso dio los nombres mediante una cadena nacional.

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Varios aparecen vinculados a decisiones judiciales que benefician a delincuentes y perjudican a los ciudadanos en la seguridad, señaló Ordóñez quien añadió que a lo señalado por el presidente se agregó un nombre más. 

Estos no serán los únicos nombres. El secretario añadió que se presentarán otros más, pero más adelante. Ordóñez lamentó que "los jueces que están poniendo la administración de justicia al servicio de la delincuencia están atentando contra un bien qué es fundamental en la convivencia los ciudadanos la seguridad". 

Si es que los jueces resolvieron bajo amenaza u otro factor, es algo que debe determinar la Fiscalía en sus investigaciones, manifestó. Mencionó que el Gobierno no está acusando con relación a ningún tipo de delito porque han puesto los hechos por delante y señalado jueces cuyos nombres se repiten en casos en dónde se dejan libres delincuentes, asesinos, violadores, personas vinculadas al tráfico estupefacientes, tráfico de armas. Criticó que los jueces no operen en consecuencia de esa estrategia seguridad que aplica el Gobierno.