Más de 55 millones de dólares se pudo ahorrar Ecuador en 2018 si se hubieran prevenido al menos el 70 % de los 61 mil embarazos en niñas y adolescentes que se registraron en todo ese año, una alarmante realidad que le cuesta alrededor de 273 millones de dólares anualmente al país y que ya representa el 0,26 % del Producto Interno Bruto.

Así lo detalla un reciente informe del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) que analizó las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia de seis países de América Latina y el Caribe y que ya pronostica también un “preocupante” aumento de embarazos a nivel regional como consecuencia del confinamiento por la COVID-19.

Según el informe, estos 55 millones de dólares se pudieron haber invertido en una estrategia o plan de prevención de embarazos adolescentes que, según especialistas consultadas por este Diario, sigue siendo una deuda en el país.

“No hubo esta voluntad política para mantener la coordinación intersectorial de prevención del embarazo en las niñas y adolescentes. Si bien está en el papel, a la hora de hacerla efectiva y tangible no hay presupuesto, entonces cualquier cosa que se haga sin presupuesto queda en mero discurso. No les estamos brindando ninguna garantía a las niñas y adolescentes y forzamos al sufrimiento a las víctimas de violación”, señala Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.

Cuando las niñas y adolescentes quedan embarazadas, dice Martínez, entran a un “círculo vicioso” del que no pueden salir fácilmente sin el apoyo eficiente de políticas de Estado, pues además de las consecuencias para la salud, su vida social, educativa y económica también es trastocada. “No pueden romper ese círculo porque ven limitados sus estudios, porque tienen que dedicarse a tareas domésticas y de cuidado y porque además ven limitadas sus posibilidades de cuidarse y vuelven a tener otro hijo en edades muy tempranas. Esa es una realidad lacerante aquí, no se diga en niñas de 10 años que son víctimas de violación. No hay ninguna oportunidad para ellas, pues se las fuerza al sufrimiento”.

El informe de UNFPA señala que en Ecuador, los embarazos adolescentes y la maternidad temprana generaron una pérdida económica de 59,6 millones de dólares para el año 2017. “Estos resultados evidencian la necesidad de enfatizar las políticas públicas que trabajen sobre la reducción del embarazo temprano, ya que crea brechas laborales y reduce los ingresos fiscales para el Estado”, señala el organismo internacional.

Con respecto a la brecha en el trabajo, UNFPA menciona que el país ha perdido alrededor de 54,8 millones anuales a causa de la inactividad laboral y el desempleo, que afecta más a las menores embarazadas.

Pese a que, según cifras del Ministerio de Salud dadas a UNFPA para el análisis regional, Ecuador destinó cerca de 76,9 millones de dólares para la atención en salud de los embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Carola Cabrera, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) asegura que no existe una atención de salud integral a niñas y adolescentes y que tampoco se trabaja en la prevención con educación sexual y reproductiva y acceso a anticonceptivos.

“Si bien es cierto hay un mejoramiento en la infraestructura, es innegable, pero si usted le pone una lupa a lo que ha pasado en la atención diferenciada a adolescentes verá que eso ya no se realiza. Esa política pública desapareció de un plumazo. Existen los nombres, algunas obstetrices que aún sueñan con que vuelvan esas políticas, pero nada más. Las iniciativas que sobreviven están en papel”, menciona.

La falta de esa atención, indica, hace que muchas veces las adolescentes se sientan discriminadas del sistema y no elijan ir donde los profesionales médicos para resolver sus dudas sobre la sexualidad. “Hay una ausencia de educación en salud sexual integral”, agrega.

Las especialistas señalan que el día en el que se prioricen las atenciones y las inversiones en las niñas y los niños “habrá países distintos” y un mayor marco de derechos. Un futuro que esperan que no sea muy lejano para que la vida de miles de niñas en Ecuador y la región no se vea condicionada por un embarazo no deseado.

En 2018, más de 61 mil menores parieron en el país, lo que implicó una inversión de 273 millones de dólares por gastos médicos y brechas laborales y educativas

El impacto de la COVID-19 en la región

La ONU prevé que medio millón de embarazos adicionales en niñas y adolescentes se registren, producto de la llegada de la pandemia a América Latina y el Caribe. Estos embarazos, según las especialistas, son en su gran mayoría una consecuencia de la violencia sexual a la que han sido sometidas las menores en el interior de sus hogares tras el obligado confinamiento.

UNFPA aclara que, aunque el impacto global y real en la salud sexual y reproductiva solo se podrá dimensionar con precisión una vez que culmine la pandemia, la información disponible a la fecha les permite afirmar que “las consecuencias sobre la tasa de embarazo en niñas y adolescentes en la región es preocupante”.

Los costos de estos nuevos embarazos se cuantifican en 606,9 millones de dólares para toda la región.

“En otras palabras, la COVID-19 representa un retroceso de cinco años en términos de los logros sobre la tasa específica de fecundidad adolescente de América Latina y el Caribe, pasando de 61 a 65 nacidos vivos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años”, asegura el Fondo.

La mortalidad producto del embarazo

Las menores de 15 años tienen mayor riesgo de morir a causa de un embarazo que una mujer adulta, generalmente asociada a complicaciones durante el período de gestación y en el parto.

En ese sentido, Ecuador registra una tasa de mortalidad materna de 10 niñas y adolescentes por cada 100.000 nacidos vivos, siendo esta la cifra más baja entre los seis países estudiados en este informe.

Sin embargo, sube de posición cuando se contabilizan los años de vida perdidos por mortalidad materna en adolescentes: 1.948 años perdidos de vida y 1.397 años perdidos de vida productiva.

“Esto se ha naturalizado tanto que las personas no se dan cuenta de los riesgos de que una niña quede embarazada. Nos hemos vuelto incapaces de apiadarnos del sufrimiento ajeno que ya no nos llama la atención, pero es una realidad lacerante que coarta la vida de esas niñas que la gran mayoría están siendo violentadas”, asegura Sybel Martínez.

Impuestos. 

El Estado ecuatoriano pierde 9,5 millones de dólares anuales en recaudación no recibida por IVA e impuesto a la renta, producto de los embarazos adolescentes.