Luego de un examen especial efectuado por la Contraloría General del Estado respecto a la colocación y pago de certificados de tesorería (Cetes), durante el gobierno anterior y parte del actual, se encontraron varias irregularidades.

El informe DNA3-0016-2018 que examinó dentro del periodo enero 2016 hasta agosto 2017, halló que los Cetes se colocaron por plazos mayores a los permitidos por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, COPLAFIP (menos de 360 días).

De igual manera los certificados fueron entregados como instrumentos de dación de pago, lo que se contrapone a su objetivo de operación, que deben efectuarse para obtener recursos para financiar deficiencias en la caja fiscal.

Además los Cetes, al no ser considerados deuda pública, no pudieron ser destinados a utilizarse para cubrir deuda; esto habría incrementado las obligaciones con entidades públicas y privadas.

Otro inconsistencia fueron “las modificaciones en las Escrituras Públicas de Emisión de los Cetes permitieron que puedan ser entregados como instrumentos de canje por otros títulos valores emitidos por el Banco Central del Ecuador, en contraposición a los dispuestos en la legislación vigente”, según detalla el informe.

Asimismo toda la documentación relacionada con la colocación de Cetes fue declarada como secreta. Las responsabilidades civiles ascenderían a $ 22’174.847,20.

El valor de estas glosas estarían distribuidas para el presidente de la República (Rafael Correa), los ministros de Finanzas (Patricio Rivera y Carlos de la Torre) y su subrogante, los coordinadores de la Política (Diego Martínez), coordinador Jurídico, subsecretario de Financiamiento Público y su subrogante.

En el caso del exmandatario, su glosa está valorada en $ 515.703,78 por la colocación de Cetes a 360 días. Además estarían involucrados otros 28 exfuncionarios que fueron parte de dichas operaciones. Los montos para los otros exfuncionarios se determinan de acuerdo al puesto que ocuparon y el grado de responsabilidad

Los mismo señalados anteriormente tendrían que afrontar responsabilidades administrativas valoradas en $ 144.921,00. Cada uno podría recibir multas desde los $ 2.928 hasta los $ 7.320.