La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, faltó a la cita. “Por motivos de agenda”, dijo su jefa de despacho. Sin ella, el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que prosiguió ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, se vio privado de una buena cuota de folclor y altisonancia. Continuaron aburridoramente las comparecencias de testigos solicitados por la interpelante correísta, Amapola Naranjo. Nada nuevo: los mismos que ya desfilaron, sin ningún resultado, ante la comisión especial constituida para investigar los hechos de octubre del año pasado. Esta vez fue el turno de Fernando Burbano, el presidente de esa comisión.

Burbano habla pausado, monocorde y bajito, muy bajito, como si temiera despertar al unicornio del ciberespacio. Cada vez que conecta el audio de su Zoom tiene lugar una distorsión del sonido ambiental que recuerda a la algarabía de un bosque repleto de grillos: cri-cri-cri… Ambas cosas combinadas (la distorsión y su parsimonia) producen un efecto soporífero incrementado, en este caso, por la vacuidad del propio discurso: el informe de la comisión que presidió no llegó a conclusión alguna, fue la nada; y para hablar sobre esa nada se presentó ante la Comisión.

Repitió, pues, lo que no vale la pena ser repetido: que “el detonante” de la crisis, tal como “determinó” la comisión con preclara inteligencia, fue el Decreto 883 que eliminaba el subsidio de los combustibles, verdad de Perogrullo donde las hay; que hubo excesos de unos y otros, víctimas y daños de lado y lado, pérdida de derechos y violencia organizada, daño a bienes públicos y declaraciones racistas y xenófobas (Burbano dice “xenófagas”, como si alguien hubiera devorado extranjeros en medio de la confusión)… Que la comisión no estableció responsabilidades, que hizo un llamado a la concordia, exhortó al diálogo y pidió que el Gobierno hiciera lo que ella debió hacer y no hizo: investigar.

Recomendó, pues, la Comisión al Gobierno, que investigara. Aquí es donde entran los asambleístas especializados en hilar fino. ¿Investigó?, se preguntan. ¿A cuántas reuniones fue llamado usted, señor asambleísta Burbano?, lanza con suspicacia Amapola Naranjo. ¿A ninguna? ¿O sea que el Gobierno y su ministra no acataron las recomendaciones de la Asamblea? ¡Horror! ¡Incumplimiento de funciones! El propio Burbano parece sorprendido. Explica que la comisión ya no se encuentra operativa. Ahora resulta que su informe, que fue la nada, se convierte en la medida para juzgar las acciones del Gobierno.

Lo mismo con el también correísta Esteban Melo. Pide que se lea la recomendación sexta aprobada por el Pleno: “Llamar a un diálogo plural, amplio, pluricultural”, etc., a todos los actores sociales. ¿Dialogó el Gobierno?, pregunta previsiblemente. ¿No? ¡Incumplimiento de funciones! Recuerda Burbano que no hubo diálogo porque los actores no quisieron. No le hace. Incumplimiento de funciones.

También hila fino Roberto Gómez. Él pide que se proyecten dos videos: en el primero, Burbano declara en Ecuavisa que el informe de su comisión puede servir para futuros procesos de fiscalización. En el segundo, Romo le dice a Carlos Vera que “la Asamblea ya discutió las actuaciones de octubre”. Gómez concluye: “Es evidente que la ministra está malinformando a la ciudadanía cuando pretende que esto ya fue juzgado”. ¡Horror! ¡Incumplimiento de funciones!

Hubo también malentendidos propios de teléfono dañado. Había dicho Burbano que el uso progresivo de la fuerza “no se cumplió a cabalidad por ciertos elementos de la fuerza pública”. La asambleísta Mercedes Serrano entendió todo mal: “Concluyen ustedes -dijo- que hubo un uso excesivo de la fuerza por tomarse en consideración ciertos elementos. ¿Cuáles fueron esos elementos?”. Respuesta de Burbano: “Pues es el análisis, la conclusión a la que llegaron los comisionados en virtud de las comparecencias que se realizaron y por esos testimonios concluimos”. Clarísimo. Si la Comisión de Fiscalización sigue a este paso, el Ecuador tendrá a María Paula Romo hasta mayo de 2021.

Efectos del gas caducado

A Roberto Gómez le preocupa el uso de gases lacrimógenos caducados. Dice que éstos pierden su efecto y dejaron a los policías en la indefensión. No se ha puesto de acuerdo con otra de las interpelantes, Amapola Naranjo, para quien el problema de los gases caducados es que son nocivos para la salud. Cuando se refiere al caso habla de “ataque con gases caducados”.