La Fiscalía General del Estado solicitó este 14 de febrero de 2024 que se llame a juicio a los jueces Jessy Marcelo Monroy Castillo, Lenin Ernesto Zeballos Martínez, miembros de la Sala de la Familia de la Corte Provincial del Guayas, y el juez Roberto Napoleón Angulo Lugo, de la Unidad Civil de Guayaquil.

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Entre 2019 y 2020, los tres magistrados fallaron a favor de las compañías Multiregi S.A., Multisun S.A., Lemantec S.A., Ibicampus S.A. y Judamai S.A., firmas que operaban a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) del Banco Central del Ecuador y que hoy están canceladas.

En 2013, la Fiscalía detectó un lavado de activos por 35,3 millones en el interior de la extinta cooperativa de ahorro y crédito Coopera. 12 empresas tenían cuentas bancarias en dicha institución, en donde recibían los dinero productos de exportaciones ficticias a Venezuela.

Como consecuencia del proceso penal por lavado de activos, la justicia ordenó la retención de los fondos de las compañías de las cuentas bancarias existentes en Coopera.

Pero en 2019, el liquidador de las empresas y una accionista de Judamai, Mónica Janina Centeno Contreras, presentó una acción de protección en contra del Banco Central para que esta institución devuelva los valores retenidos por Coopera.

El juez de primera instancia Roberto Napoleon Angulo Lugo, de la Unidad Civil de Guayaquil, declaró la vulnerabilidad de los derechos de las empresas y ordenó que como reparación integral el Banco Central cancele 7,2 millones en las cuentas bancarias que disponga el liquidador de las empresas.

En 2020, el fallo fue apelado por el Banco Central. Las autoridades provinciales, con voto de mayoría, Jessy Marcelo Monroy Castillo, Lenin Ernesto Zeballos Martínez, ordenaron el pago de otros 5 millones de dólares, danto un total de 12,2 millones de dólares entregados a las compañías.

Según la Fiscalía, este dinero no salió de las cuentas de las empresas, sino de los fondos del Banco Central, de una partida presupuestaria para contingentes legales. Los fondos de dichas empresas nunca fueron retenidos por el Banco Central, sino por Coopera y, por lo tanto, los jueces ordenaron pagar con dinero público.

“Fallaron en conta de norma expresa”, dijo el fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien pidió que los jueces sean llamados a juicio en calidad de autores del delito de prevaricato.

Hasta las 14:00 de este miércoles 14 de febrero, la audiencia preparatoria de juicio está todavía en curso, en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, a cargo del juez Felipe Córdova. 

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