El fiscal no acuso a siete y fue suspendido

Una audiencia fallida. El fiscal que investigó por casi seis meses el caso de supuesto cohecho en Petroecuador pretendía dejar fuera de la lista de 18 acusados a siete personas. Por eso fue suspendido.

¿A quién exculpaba el fiscal Jacinto Tibanlombo? ¿Qué encontró en su investigación previa? Eran las preguntas que los sorprendidos abogados de los implicados se hacían en las afueras de una de las unidades penales, en el norte de Quito.

El presidente de la República, en su cuenta de Twitter y desde Nueva York, dio parte de la respuesta. “La participación de los familiares de los funcionarios involucrados fue esencial. En sus cuentas, o por intermedio de ellos, se hacían los depósitos del dinero de corrupción. ¿Cómo es posible que el fiscal del caso se abstenga de acusarlos?”, dijo. Y aseguró que no estaba interviniendo en la justicia, sino solo quejándose.

Pero su exministro de Gobierno, exsecretario particular y ahora presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, ya había tomado medidas, ordenando la suspensión por 90 días de Tibanlombo.

Él había redactado un dictamen mixto que entregó a la jueza Karen Matamoros, a la 13:00 del jueves. Ayer, cerca de las 10:10 y antes de que ella logre instalar la audiencia, la Judicatura le comunicó su decisión. La jueza devolvió al fiscal su dictamen mixto.

En un comunicado, el Consejo justificó la medida cautelar contra el funcionario “por emitir un pronunciamiento en el que pretendía dejar fuera del proceso a siete implicados, presuntamente sin la debida argumentación jurídica”.

Ahora un nuevo fiscal deberá presentar un dictamen con la exposición clara de todos los elementos de convicción.

Los abogados de los implicados (entre ellos los exgerentes de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo) reaccionaron entre sorprendidos y molestos.

Jorge Acosta, defensor de los hermanos Baquerizo, contratistas de la petrolera, criticó la actuación de la jueza. Ella, dijo, debió poner una providencia y justificar la devolución del dictamen. La suspensión de Tibanlombo es sospechosa, opinó.

Diego Velasco, defensor de Bravo, advirtió irregularidades. Según él, Matamoros debía notificar a las partes cuando recibió el dictamen fiscal. Esa omisión, explicó, puede ser causal de nulidad porque la devolución no se contempla en el Código Integral Penal (COIP).

Para Lorena Grillo, defensora de Javier Baquerizo, la suspensión fue sui géneris. “No es común que suceda una cosa de estas y no ha pasado en otros casos”, dijo.

José Burbano, procurador de Pareja Yannuzzelli, recordó que el COIP establece que si hay un dictamen mixto (abstentivo y acusatorio), el documento tiene que subir en consulta a la Fiscalía Provincial. Eso no sucedió. Tibanlombo se limitó a comentar que él ya no es parte del proceso por decisión de la Judicatura.

Sospechosos

La Fiscalía abrió una instrucción en contra de Javier Baquerizo, principal de la contratista Oil Services Solutions. En octubre fueron vinculadas 17 personas más. Entre ellas, Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos; Álex Bravo, exgerente de Petroecuador; además de sus familiares, contratistas y exfuncionarios.

Prófugos

Hasta el momento, existen tres detenidos de 18 procesados. Cinco tienen medidas sustitutivas y se presentan ante la jueza Karen Matamoros. Otros diez están fuera del país y prófugos de la justicia. La mayoría salió de Ecuador tras la revelación de los Papeles de Panamá.