Son pocos los que se colaron en la vacunación de la fase 0 o plan piloto de inmunización  implementado en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Pero, ocuparon los espacios destinados al personal de primera línea. Un informe de la Contraloría, efectuado al plan de vacunación, recuerda las denuncias que circularon en los primeros días de vacunación con listados de beneficiarios. Muchos de los seleccionados se negaron a recibir las dosis. Pero otros no tuvieron inconvenientes a pesar de no tener la edad, no vivir en centros gerontológicos o no pertenecer al personal de primera línea.

Una auditoría aprobada a inicios de junio reveló que los listados de personas que debían vacunarse en el plan piloto fueron elaborados por personal del Issfa, IESS, Isspol y la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud. Las nóminas las validaron la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección Nacional de Epidemiología, un asesor del despacho para la Subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica y el Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El organismos de control realizó el examen especial al proceso de adquisición de vacunas contra la COVID-19 y al plan de vacunación, su distribución y uso en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas entre el 1 de agosto de 2020 y 17 de marzo de 2021. 

El objetivo era determinar la veracidad, propiedad y legalidad de los procesos de adquisición de las vacunas contra la COVID-19 y al plan de vacunación, su distribución y uso.

Hubo novedades que concuerdan con las denuncias presentadas por personal de casas de Salud como el Hospital Pablo Arturo Suarez, ubicado en el norte de Quito, en donde se aplicaron vacunas a 56 personas que no formaban parte de la fase 0 o plan piloto. Según la explicación, de las 450 dosis destinadas a esa casa de salud, 285 se aplicaron a 145 del personal de salud y 63 suministradas a 33 del personal de Hospital de Los Valles. 

La diferencia fue: 39 dosis a nueve personas que viven y nueve que trabajan con relación de dependencia en el Edificio Rivera del Río. 33 dosis se aplicaron a 18 personas que no tenían relación con el Hospital de Los Valles. Hubo 15 dosis a ocho miembros del gabinete ministerial y los respectivos cónyuges y finalmente 18 dosis a seis personas con dos dosis y seis con una dosis de la Presidencia.

En el Hospital Carlos Andrade Marín, el gerente general autorizó la vacunación de dos personas que no formaban parte del personal sanitario de primera línea. Pertenecían a Comunicación Social y la Unidad Técnica de Salud del Personal. Sus nombres constaban en un listado de personal 'favorecido' para la vacuna que remitió el Ministerio de Salud.

El informe da cuenta que  era el exministro de Salud el que dispuso la entrega de viales para el Pablo Arturo Suárez "sin proporcionar la lista de personas que recibirían la vacuna" entre enero y febrero de 2021. 

Su orden motivó la movilización de un equipo para administrar 102 dosis a personas que no formaban parte del plan piloto.

En la lista de anomalías ingresa la solicitud para vacunar a nueve adultos mayores de 80 años que no vivían en centros gerontológicos o eran personas que no cumplían condiciones para el mencionado plan. Su inoculación fue pedida por la Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública y el asesor 2/Gestor de gobierno.

Una de las beneficiadas fue la madre del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, según reconoció en un video difundido en redes sociales.

Pero, por pedido de vacunas no faltó en el gobierno del expresidente Moreno. La intención había sido adquirir más de 14 millones de dosis de vacunas. Para ello se suscribieron dos acuerdos y un contrato. 

Según lo determinado por la Contraloría el 18 de septiembre de 2020 se firmó un acuerdo con GAVI Alliance de COVAX, para comprar de 7’057.200 a 10,55 dólares cada una, por 74’453.460 dólares.

El 29 de octubre de 2020 se firmó un contrato con AstraZeneca que buscaba la compra de  5’041.650 dosis, a cuatro dólares cada una por un total de 20’166.600 de dólares. Finalmente, el 23 de diciembre de 2020 se suscribió un acuerdo con Pfizer para la adquirir 1’999.725 dosis, a 12 dólares cada una por 23’996.700 dólares. La inversión fue de 118.6 millones de dólares para conseguir 14'098.375 dosis para inmunizar a la población.

Los descargos de las personas señaladas en el informe fue que: "no es parte de su competencia la utilización de la vacuna en cada punto de vacunación", "no me pidieron por vía oficial escrita, se me dispuso verbalmente", "no era de mi competencia seleccionar personas para vacunar o direccionar o sugerir nombre alguno para ser beneficiario de la inmunización", entre otras justificaciones.