La narcoviolencia del autollamado Frente Oliver Sinisterra, liderada por el ecuatoriano Walter Arizala, alias Guacho, disidente de las FARC y según Colombia el brazo armado del cartel de Sinaloa, ha llevado a militarizar la frontera con Colombia, desde Esmeraldas, hasta Sucumbíos. Unos 700 kilómetros de línea fronteriza, donde los patrullajes son permanentes.

Pero ante la gran amenaza del narcoterrorismo, a criterio de analistas militares consultados por este Diario, todo el territorio ecuatoriano está en riesgo y, por tanto, deben adoptarse urgentes medidas de seguridad a nivel nacional y no solo en la frontera.

“La principal preocupación debe ser la de salvaguardar la vida de toda la población”, dijo antier el experto en seguridad, José Lascano Yánez. Con él concuerda el coronel Marcelo Flores, también experto en Inteligencia. En Quito, según sus autoridades, han incrementado los controles en el aeropuerto Mariscal Sucre, con la instalación de escáneres en las puertas, y se desarrollan mesas de trabajo para establecer nuevas políticas de seguridad en la ciudad.

En Guayaquil, la segunda ciudad en importancia y la capital económica del país, no hay medidas de seguridad adicionales que se estén aplicando en las instituciones públicas por la amenaza de los narcoatentados.

La excepción es el Gobierno Provincial. El prefecto Jimmy Jairala dijo a EXPRESO que ha instruido al personal para que mejoren las medidas de seguridad y el control de las personas que ingresan al edificio. “Probablemente causen molestia esos controles pero así se debe proceder en estos casos”, expresó.

Martha Herrera, secretaria general del Municipio de Guayaquil, aseguró que los protocolos de seguridad están claramente establecidos y que, por ahora, no se dispondrán de medidas adicionales a las existentes.

Tampoco se ha dispuesto, hasta ahora, un reforzamiento de la seguridad en las demás entidades públicas de Guayaquil ni en otras ciudades del país, con excepción de las que están ubicadas en las provincias fronterizas con Colombia: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

El mayor control está centrado en los asentamientos humanos al filo limítrofe, entre ellos, los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas; Tulcán, en Carchi; Sucumbíos, Cascales, Lago Agrio y Putumayo, en Sucumbíos.

Militares y policías patrullan constantemente las carreteras y mantienen la vigilancia, aunque con discreción, de infraestructuras que podrían ser el blanco de los narcoatentados, entre ellos el oleoducto y las torres de energía eléctrica del sistema nacional interconectado.

A lo largo de los casi 700 kilómetros de frontera con Colombia, los retenes policiales y militares en las carreteras controlan las entradas y salidas de personas hacia las poblaciones asentadas al filo del límite fronterizo.

En Esmeraldas, los filtros se hacen en Palma Real, Campanita, Corriente Larga, El Viento, El Brujo, Ancón, Robalino, San Pedro y con vehículos blindados, en los casos que es posible.

En Carchi, por un lado se ha extremado la vigilancia en la vía Tulcán-Tufiño-Chical, que es la única vía de comunicación con poblaciones ubicadas hacia el oeste de la provincia como La Loma, Chical, Maldonado, Laurel.

Hacia el Oriente, la seguridad se ha reformado en Urbina, Julio Andrade y El Carmelo.

En Sucumbíos, cuya área fronteriza es más del 50 por ciento de lo que ocupan Esmeraldas y Carchi, los patrullajes se ejecutan con grandes medidas de seguridad, con personal militar con conocimientos en selva.

Tanto la Policía como las Fuerzas Armadas han rearmado sus planes de protección para su personal, que incluye los desplazamientos de los uniformados en sus días de descanso.

A lo largo de la frontera corren rumores de que el frente Oliver Sinisterra, que lidera “Guacho”, está ofreciendo 25 millones de pesos (8.000 dólares) a quien secuestre a miembros de la Fuerza Pública ecuatoriana.

Ante la probabilidad de que aquello sea cierto, la disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es que a todo el personal militar, de forma individual o con sus respectivas familias, tiene prohibido visitar los sectores de la línea frontera durante sus días francos.

Los uniformados tampoco pueden salir solos de las unidades militares y el número de miembros de las patrullas se ha incrementado. También se aumentó la cantidad de municiones que recibe cada hombre para el cumplimiento de los patrullajes.

Los vehículos que se utilizan para los patrullajes en las zonas de mayor riesgo también ha cambiado, con el fin de proteger la integridad física de los uniformados que han sido víctimas de ocho atentados, en los que cuatro perdieron la vida y otros quince resultaron heridos.

“Nuestra misión es proteger a la ciudadanía, pero para eso también tenemos que protegernos”, dijo un alto oficial del Ejército a este diario.

En la Policía, las medidas de seguridad de los uniformados destinados para el control de la zona de frontera también es extrema por ser considerados blancos de los narcoguerrilleros.

Las vías de acceso a los destacamentos también tienen control y, en Quito, se analiza dotarlas con cámaras que permitan reforzar su seguridad. En todas las instalaciones se duplicó el número de personal dedicado a la vigilancia.

España ofrece apoyo judicial y policial

El presidente del Tribunal Supremo español (TS), Carlos Lesmes, consideró que España puede ofrecer a Ecuador su experiencia en la lucha antiterrorista en los ámbitos judicial y policial.

“La principal ayuda que puede prestar España a Ecuador es trasladarle su propia experiencia”, manifestó Lesmes en Quito, donde esta semana participó en la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana.

Lesmes, también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recordó que “España, desgraciadamente, ha tenido que combatir el terrorismo durante 40 años y ha sabido crear desde la perspectiva legal y judicial instrumentos para poder abordarlo y también desde el punto de vista policial”.

Puso como ejemplo la creación en 1977 de la Audiencia Nacional, un órgano de jurisdicción especializada para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada.

Remarcó que este tipo de instrumentos judiciales centralizados y alejados de las zonas donde generalmente se producen los actos de terrorismo o delincuencia están pensados para evitar que los jueces que ejercen de esos territorios se vean “sometidos a presiones contra su integridad, su familia”, y que “su capacidad de acción queda muchas veces limitada”.

Sugirió que en caso de que se conforme esa jurisdicción especializada en Ecuador, los casos deberían ser llevados a “Quito o a otra ciudad donde el juez tenga una cierta distancia física y seguridad” de tal manera que el tribunal pueda desempeñar su labor con “mayor serenidad, imparcialidad e independencia”.