La jueza Dilza Muñoz ordenó la prisión del expresidente de la Corte de Guayas Gabriel Manzur y de otra sospechosa del presunto delito de enriquecimiento ilícito. La disposición se dio al finalizar la audiencia de formulación de cargos, que se instaló en la Corte Nacional de Justicia, este viernes 26 de junio de 2020.

Lorena Grillo, abogada de Silvana Valladares, la otra procesada informó que fue una investigación que nació de la difusión de un vídeo subido en mayo de 2018 a la cuenta de una troll correísta. En el vídeo se acusaba a Manzur de actos irregulares. La información llegó a la exSecretaría Anticorrupción con un anónimo y eso, según la defensora, dio inicio a la investigación previa. 

Grillo señaló que este jueves 25 de junio los defensores presentaron en la Fiscalía más de 1.500 hojas de documentos de cada uno y que no habrían sido analizadas por esa institución. La defensora indicó que la Fiscalía solicitó la prisión sin fundamentar los requisitos. Manifestó que quiso endosarles a los procesados la responsabilidad de otros sospechosos que habían fugado del país. 

La jueza concluyó que se cumplían los requisitos porque Manzur, al ser juez de alto cargo, podría manipular los testigos y la evidencia.

La acusación de la Fiscalía es por dos pagos por la compra de acciones de un terreno por el que se hace la transferencia de dominio y otro pago adicional que correspondía a los honorarios que recibieron los procesados al haber patrocinado una acción de protección cuando Manzur estaba en el libre ejercicio. Como evidencias de ese pago se presentaron el contrato, la factura, la transferencia y la procuración judicial del cliente a Manzur, añadió.

La investigación previa había sido solicitada a la Fiscalía en 2019 por la desaparecida Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. La extitular de esa dependencia Dora Ordóñez informaba en noviembre de 2019 que había transferencias de dinero, adquisición de bienes y transferencias al padre del sospechoso. Dijo que se trataba de cientos de miles de dólares movidos por ese mecanismo. 

El año pasado el Consejo de la Judicatura suspendió a Manzur del cargo al que había llegado el 2 de enero de 2018. En 2019 en la Fiscalía se abrieron dos investigaciones previas por enriquecimiento privado no justificado y lavado de activos.

Las transferencias y adquisición de dos bienes inmuebles con supuestos créditos hipotecarios se habían realizado entre 2011 y el 2017. Las investigaciones llevaron a la sospecha que poco tiempo después los préstamos fueron cancelados a través de cuentas de terceros y de dos empresas privadas.

En contra de Manzur existiría un Reporte de Operaciones Inusuales (ROI). Lorena Grillo defensora de la segunda procesada dijo que se habían presentado todos los descargos del caso. Paúl Ocaña, defensor de Manzur anunció que la apelación de la prisión dictada en contra de su cliente y que mientras esté en trámite el recurso no se hace efectiva la medida. Indicó además que su cliente ya no es titular de la Corte de Guayas pero sigue siendo juez. 

La jueza Muñoz dispuso además la retención de todas las cuentas que mantengan los procesados en el sistema financiero y como la prohibición de enajenar bienes. La instrucción fiscal durará 90 días.