La cuestionada preventa de petróleo ahora es una buena opción. El gobierno del presidente Lenín Moreno está a días de concretar una venta anticipada de crudo a China pese a que sus principales integrantes se opusieron a las operaciones que realizó, en su época, el gobierno anterior. En la negociación actual se fijaron 50 millones de barriles disponibles para entregar en los próximos años. A cambio, Ecuador busca obtener un financiamiento de unos 1.400 millones de dólares para financiar sus actividades.

La negociación está a punto de concretarse y solo falta resolver temas menores.

EXPRESO conoció que la negociación se hace en dos partes. Una, la de la cantidad de crudo comprometido y las cuestiones operativas de entrega, está en manos de la empresa pública Petroecuador. La otra parte, la que más urge, es la obtención de los 1.400 millones de dólares. Ese segmento está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas y toma más tiempo porque deben definirse plazos de entrega y condiciones específicas del dinero asiático.

Que haya dos conversaciones separadas es la principal diferencia entre esta negociación y las que llevó adelante el gobierno del expresidente Rafael Correa, según los defensores de la nueva operación. Manejar los temas petroleros de forma separada, aseguran, hace que haya transparencia sobre el dinero que entregue China. Los 1.400 millones de dólares entrarán al Ministerio de Economía y Finanzas y serán registrados en sus balances. Algo totalmente opuesto a como se manejó la preventa en la administración pasada.

Durante el correísmo, los montos fueron negociados por Petroecuador pero gastados por Finanzas. La Contraloría General del Estado determinó que ese movimiento era ilegal.

Además, las preventas correístas no aparecían en los balances de ninguna entidad. De hecho, la Contraloría tuvo que hacer varias indagaciones para encontrar el monto exacto adeudado. Correa y su equipo declaró como reservadas algunas operaciones crediticias que comprometían petróleo. Otro acto ilegal a decir de las autoridades de control.

Las anomalías se extendieron, tal como publicó EXPRESO el 2 de enero de 2018, a los documentos irregulares que firmó Petroecuador y Finanzas. Los funcionarios correístas acordaron, en términos calificados como ilegales, que Petroecuador buscaría fondos que pasarían al gobierno para financiar “el buen vivir”.

Ahora hay diferencias aunque se llega al mismo punto. El Decreto Ejecutivo 1075, firmado el 23 de junio de 2020, faculta a las empresas públicas (por medio de sus gerencias) a entregar fondos y recursos al gobierno central.

También habrá modificaciones en las condiciones. Los actuales negociadores aseguran que se tendrá mayor beneficio, por ejemplo, en precio. Los nueve contratos firmados en el correísmo perjudicaban al país porque daban mayor control al comprador. Esas condiciones fueron renegociadas a finales de 2017 e inicios del año pasado.

Aunque renegociados, algunos contratos siguen vigentes hasta 2024. Durante la emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus y la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) se reprogramaron las entregas firmadas de inicios de año para mayo y junio. El nuevo calendario de entregas se cumplió sin novedades.