Los bolsillos en el campo ecuatoriano también se han ajustado debido a la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19. La situación ha golpeado a ganaderos y agricultores.

“Obviamente, el precio de venta (de leche) no se ha modificado y el ingreso neto ha disminuido por los mayores costos de los insumos, y hemos tenido que ajustarnos a ese nuevo ingreso”, asegura Germánico Tapia, ganadero del sector de Rumipamba de la parroquia Sangolquí (cantón Rumiñahui), ubicada al suroriente de Quito.

Alrededor de un 79 % de personas que viven en el sector rural presentaron una disminución de sus ingresos, según los resultados de la evaluación del impacto de la pandemia por COVID-19 en el sector rural y la seguridad alimentaria en Ecuador, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con los estudios de la FAO, la región más afectada es la Amazonía, seguida de la Sierra y finalmente la Costa. Las principales dificultades que enfrentó la producción agrícola fueron en el transporte (31 %), por los precios elevados de los insumos (25 %) y el acceso a insumos (17 %). Y el 31 % reporta que su producción será inferior.

“Balanceado para el ganado, la sal... Esos productos se pusieron un poco difíciles de conseguir”, comenta Tapia.

La pandemia frenó muchísimo el consumo. Al frenarse el consumo en hogares, hoteles, restaurantes y cafeterías, toda la cadena productiva se contrajo y ha habido una afectación, tanto en productores formales como en muchos productores que han salido a la informalidad, señala Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona.

Y eso es solo una parte del problema. Se estima un incremento del 30 % de personas que padecerán inseguridad alimentaria a causa de la pandemia de COVID-19, que se sumarían a los cuatro millones que no tienen acceso regular a alimentos en Ecuador, según la FAO.

“Es una cuestión que preocupa muchísimo porque ya golpea en los índices de seguridad alimentaria, que prepandemia eran de los más altos de la región. Era el segundo país con índices más altos de la región con desnutrición infantil , con alrededor del 25 %”, sostiene Agustín Zimmerman, representante de FAO en Ecuador.

Según la FAO, la seguridad alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.

La situación ha provocado que la brecha entre la pobreza rural y la pobreza urbana se amplíe, aseguró Zimmerman. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a diciembre de 2020 en el área urbana la pobreza llegó al 25,1 % y la pobreza extrema al 9,0 %. Mientras que en el área rural la pobreza alcanzó el 47,9 % y la pobreza extrema el 27,5 %.

Ecuador fue seleccionado para participar de un ejercicio global impulsado por la FAO sobre recolección y monitoreo de datos en relación al impacto y las implicaciones de la COVID-19 en la agricultura, los medios de vida y la seguridad alimentaria.

El proceso fue liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo técnico de la FAO. El propósito fue identificar y monitorear factores de riesgo que permitan evaluar las principales necesidades en las zonas rurales de país.

La evaluación se efectuó mediante entrevistas a productores, líderes y lideresas de organizaciones, representantes de gremios, sector empresarial, entre otros, a través de la aplicación de una encuesta que fue aplicada por técnicos del MAG de manera remota.

Más de 2.500 encuestas fueron aplicadas por técnicos del MAG en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, Chimborazo, Azuay, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Loja, Sucumbíos, Napo y Orellana.

“La recomendación de la FAO es que sí es correcto tener una política expansiva en este período para impulsar la recuperación del sector. Y allí hay varios programas de protección social que son fundamentales, que no solo se deben mantener sino fortalecer”, asevera Zimmerman.

En ese contexto, FAO ha activado un proyecto para promover diferentes estrategias para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 sobre el sistema agroalimentario y la recuperación de los medios de vida rurales. Entre ellas, el manejo de espacios de comercialización de venta directa o en mercados municipales, uso de plataformas digitales y fortalecimiento de los sistemas de distribución.

El Gobierno ha buscado dar transferencias directas para contrarrestar los efectos de la crisis económica. Una de ellas, mediante el bono de protección familiar por 120 dólares, por una sola vez, para personas que perdieron su empleo durante la pandemia.

“Lo que más esperamos es que haya estabilidad normativa (...) Yo esperaría que primero haya estabilidad normativa y confiar en que el próximo gobierno tenga una absoluta coordinación entre los distintos ministerios”, dice De la Torre, sobre las expectativas que tiene el sector agricultor en el nuevo presidente electo, Guillermo Lasso, que asume el cargo el 24 de mayo.

UN PLAN AGRÍCOLA QUE APUNTA AL 2030. Pese a la pandemia, Ecuador exportó más de 7,5 mil millones de dólares en productos agropecuarios durante el año anterior, lo que equivale a un incremento del 13,35 % respecto a 2019.

Aumentar las exportaciones, hasta llegar a los 10 mil millones de dólares en 2030 y tener 10 productos por encima de los 50 millones de dólares al año, es uno de los objetivos del Plan Nacional Agropecuario, diseñado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con base en las políticas públicas para el agro 2020-2030.

Para concretar el aumento de las exportaciones, el plan considera intervenir en tres categorías: productos de exportación (banano, flores, cacao en grano, brócoli, aceite de palma, frutas en conserva, pitahaya, tabaco y balanceado); productos agropecuarios de la canasta básica; y productos agropecuarios con potencial económico con base en el estudio de fuentes secundarias (flores, yuca, maracuyá, fréjol seco, guanábana, piña, tomate de árbol, zanahoria amarilla, camote, mango, melón, uva, babaco, mora, papaya, granadilla, arroz, pitahaya, chía, zuquini, aguacate, naranjilla, uvilla, malanga, virola, imbuía, balsa, teca, bambú, leche, queso fresco, cuy, miel, carne de res y cerdo).

La ejecución del plan tiene el acompañamiento de la FAO, mediante la iniciativa ‘Hand in Hand’ (Mano a Mano), que integra modelos econométricos, incluyendo variables sociales y productivas para determinar debilidades territoriales a intervenir y así desplegar su potencial agrícola.