La huelga convocada por los tripulantes de cabina de la aerolínea portuguesa TAP llevará a cancelar 1.316 vuelos entre el 25 y el 31 de enero, con 156.000 pasajeros afectados y pérdidas de hasta 48 millones de euros para la compañía, de capital estatal.

Las cifras fueron avanzadas este 19 de enero por la aerolínea en un comunicado, después de que el Sindicato Nacional del Personal de Vuelo de la Aviación Civil (SNPVAC) rechazase las propuestas de TAP y mantuviese el paro convocado para los últimos siete días del mes.

La huelga representará un coste directo total para la empresa estimado en 48 millones de euros, 29,3 millones en ingresos perdidos y 18,7 millones en indemnizaciones a los pasajeros.

Además, se prevén pérdidas de otros 20 millones adicionales debido al "impacto potencial en las ventas para otros días y a la suboptimización de otros vuelos, con pasajeros reacomodados".

TAP también informó de que, "para intentar mitigar los efectos de esta huelga", prepara un plan de contingencia con ajustes a la operación y flexibilidad para cambiar las fechas de los viajes y pedir el reembolso de los billetes.

La aerolínea considera que la decisión de avanzar con la huelga "tira por tierra todo el trabajo de aproximación entre las partes, deja miles de clientes de TAP con sus planes defraudados y afecta seriamente los resultados de la compañía".

TAP está en negociaciones con los tripulantes de cabina para acordar un nuevo convenio, como está previsto en el plan de reestructuración acordado con Bruselas a cambio de autorizar ayudas públicas que rondan los 3.200 millones de euros.

Estos trabajadores piden que se reduzcan los recortes en los salarios que están en vigor a raíz del acuerdo temporal de emergencia aplicado desde que la aerolínea, en proceso de reestructuración, recibe ayuda financiera del Estado.

El mismo sindicato ya secundó una huelga los pasados 8 y 9 de diciembre que llevó a la cancelación de 360 vuelos, con 50.000 usuarios afectados y un impacto financiero para la compañía de unos 8 millones de euros.

TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla tras los daños sufridos por la pandemia, aunque pretende reprivatizarla.

La aerolínea está además en el centro de la polémica debido a una indemnización de medio millón de euros que pagó a la exadministradora Alexandra Reis cuando abandonó la empresa.

Reis fue después nombrada consejera delegada de otra empresa estatal, NAV (Navegación Aérea), y, posteriormente, secretaria de Estado del Tesoro.

El revuelo que generó la noticia precipitó su dimisión, la del entonces ministro de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos -uno de los pesos pesados del Gobierno y delfín del primer ministro portugués, António Costa- y la de otro secretario de Estado.