Un centenar de trabajadores de TAP se concentró hoy en la puerta de la sede de la aerolínea portuguesa en Lisboa, en una protesta silenciosa para pedir la dimisión de la administración, en medio de varias polémicas y huelgas.

La protesta fue convocada de forma espontánea y a través de mensajes de móvil, según medios locales, que denunciaban los "sacrificios" que pide la empresa mientras su administración, liderada por la francesa Christine Ourmières-Widener, recoge "beneficios derrochadores".

La concentración surge después de que en los últimos meses hayan saltado varias polémicas en torno a la aerolínea de capital estatal, como el pago de una indemnización de medio millón de euros a una exadministradora por su salida de la empresa.

Posteriormente, la indemnizada fue nombrada CEO de otra empresa estatal y secretaria de Estado del Tesoro.

También generó controversia la intención de TAP de renovar la flota corporativa para directivos con vehículos de alta gama, y la administración dio marcha atrás ante las críticas.

Esta semana fue divulgado que la aerolínea paga 450 euros al mes a sus directivos sin coche para que usen la plataforma Uber, noticia calificada por el Sindicato de los Pilotos de la Aviación Civil (SPAC) de "lamentable".

Los trabajadores concentrados hoy aseguraron que pretenden repetir la protesta el próximo lunes.

Los tripulantes de cabina de la aerolínea convocaron una huelga entre el 25 y el 31 de enero ante la falta de acuerdo entre la empresa y los sindicatos en las negociaciones por un nuevo convenio.

También piden que se reduzcan los recortes en los salarios que están en vigor a raíz del "acuerdo temporal de emergencia" aplicado desde que la aerolínea, en proceso de reestructuración, recibe ayuda financiera del Estado.

Los tripulantes ya fueron a la huelga los pasados 8 y 9 de diciembre, lo que llevó a la cancelación de 360 vuelos, con 50.000 usuarios afectados y un impacto financiero para la compañía de unos 8 millones de euros.

TAP está en negociaciones con los sindicatos para acordar un nuevo convenio, como está previsto en el plan de reestructuración acordado con Bruselas a cambio de autorizar ayudas públicas que rondan los 3.200 millones.

La aerolínea es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla tras los daños sufridos por la pandemia, aunque pretende reprivatizarla.