La estrategia de Flopec de dejar de transportar el crudo ecuatoriano en barcos alquilados y preferir los propios como un método de eficiencia y ahorro, no solo terminó en un mero intento, sino en un perjuicio al Estado por 1,4 millones de dólares. Según investigaciones, en el 2018 esa cantidad habría sido desembolsada a la empresa española Koala Financial S. L., con el fin de que esta hallara y tramitara un crédito por $ 130 millones que servirían para la adquisición de seis nuevas embarcaciones. No obstante, el servicio nunca se dio.

La transferencia de recursos se hizo entre su subsidiaria de Panamá, la empresa Pegasus Oil Shipping Inc., y un supuesto representante de Koala en Ecuador. El caso es investigado por la Contraloría General del Estado y por la Fiscalía, luego de que Johnny Estupiñán, exgerente de la Flota Petrolera (Flopec), presentó una denuncia formal sobre esta irregularidad.

Estupiñán, en entrevista con EXPRESO, detalla que el propósito del crédito era para comprar dos buques Panamax/LR1, tres buques Handymax/ MR y un pequeño petrolero. La meta era reducir en algo lo que se paga cada mes en alquilar las naves para transportar el petróleo ecuatoriano.

“Para tener una idea, por el alquiler de 14 buques al mes, en el 2020 se pagaban más o menos 20 millones de dólares y al comprar las seis naves este gasto bajaría. En la actualidad se sigue alquilando, ya que nunca llegó el financiamiento”, dijo Estupiñán.

Un informe emitido por los asesores jurídicos de Flopec, del 10 de noviembre de 2021, al que tuvo acceso EXPRESO, desvela que este trámite habría estado envuelto en irregularidades desde sus inicios. Según el documento, quien firma el contrato, en representación de Koala Ecuador, es Diego Calderón. Lo hace el 3 de enero de 2019, fecha en la que Calderón ya no era el representante de la firma con residencia en Barcelona. Él había sido revocado en mayo de 2018.

Este caso ocurrió cuando Fernando Larrea se desempeñaba como gerente de Flopec. Este Diario intentó contactarlo a través de varios números telefónicos, pero no hubo respuesta. Igual intento fallido se tuvo con Diego Calderón, quien según registros del Ministerio de Gobierno, en su historial tiene antecedentes penales. Este Diario buscó también la versión de Koala, pero fue imposible. La página web de la empresa hoy aparece inhabilitada. Tampoco se hallaron direcciones o correos electrónicos en Internet.

Aún está pendiente que Larrea explique su proceder en este caso. Antes la firma, ¿se tomó precauciones para asegurarse de que Calderón era el legítimo representante de Koala?

Según el informe jurídico de Flopec, las irregulares no terminan allí. Se detalla que durante el proceso de adquisición de servicios de Koala se llegó a aceptar una póliza de responsabilidad civil que la amparaba, pero no a Pegasus, con vigencia desde el 21 de noviembre del 2017, por un año. No obstante, la transferencia del dinero se realizó el 7 de enero de 2019, después de varias reuniones con Calderón, quien firma documentos como representante de Koala, cuando ya no lo era.

De acuerdo con el documento, la transferencia del dinero se habría realizado a Kathleen Lyman, representante judicial en Estados Unidos, pero “Lyman ya no existe, ha fallecido, según dijo el banco cuando recibió el pedido de los abogados que ya habían iniciado el trámite para recuperar los 1,4 millones de dólares”, cuenta Estupiñán, el exgerente de Flopec.

Según lo previsto, el financiamiento debió llegar el 7 de abril de 2019, que fue cuando venció el plazo contractual de 60 días, después de costes de emisión o financiación para el primer desembolso del crédito; pero eso no se cumplió, sin recibirse ninguna justificación.

La Fiscalía investiga ahora si hubo o no peculado, por la forma en que se gesta esta transacción. La vía llama la atención de Roger Tumalli, experto en contratación pública. Para él, no es común que una empresa pública use a una subsidiaria para tramitar un financiamiento de ese alcance. Si las naves iban a usarse en Ecuador, era necesario que todo pasara por una investigación de las autoridades ecuatorianas. El experto se pregunta si Koala llegó a tener permisos de la Superintendencia de Bancos para operar en territorio nacional. Al respecto, este Diario hizo una consulta al ente, pero aún espera respuesta.

Este caso ha escalado también a la Contraloría General del Estado (CGE). Este Diario pidió información también al ente de control. Según se indicó, ya se ha realizado una verificación preliminar cuyo resultado recomienda realizar una acción de control que tendrá el siguiente alcance: Examen especial al Convenio de Participación y Consecución Crediticia, que incluía, entre otros documentos, un contrato de crédito, suscrito entre Pegasus Oil Shipping, empresa panameña de propiedad de Flopec, y Koala Financial S. L., en el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021. Está previsto que esta acción de control se ejecute durante el segundo semestre de este año.

No es el único caso de Flopec que está bajo la lupa de Contraloría. Desde el 2017 hasta la fecha, el organismo ha iniciado 22 exámenes especiales por diversas irregularidades. Algunas de ellas publicadas por EXPRESO, como los altos gastos injustificados que suma desde el 2012.