Tampoco habrá “mesa servida” para el próximo presidente de la República que llegue a Carondelet en 2021. El impacto de la crisis en la economía ecuatoriana, que se encontraba debilitada, tomará años en revertirse.

El próximo Gobierno deberá lidiar con una alta probabilidad de que los precios del petróleo continúen bajos y, en consecuencia, que sus ingresos permanezcan reducidos.

Ese panorama obligará al siguiente mandatario a tomar dos caminos complicados: adquirir más deuda para financiar la falta de recursos y realizar un ajuste más agresivo, incluso mayor al planificado por el régimen de Lenín Moreno.

Ese es el escenario que esboza el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre Ecuador, que se publicó la semana pasada, tras la aprobación y desembolso del crédito de emergencia por $ 643 millones.

Además, el documento oficializa la cancelación del programa que suscribió el Gobierno con el organismo en marzo del año pasado. Las autoridades han mencionado que están negociando un nuevo acuerdo que se ajuste a la realidad económica actual.

El Fondo señala que si bien se espera que la recuperación de la crisis de COVID-19 sea relativamente fuerte, los precios más bajos del petróleo frenarán el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo año. El organismo estima que el PIB de Ecuador se recuperará a niveles de 2019, es decir, antes de que sufra los efectos de la crisis de la pandemia, a principios de 2023.

El mismo Gobierno ha estimado que las pérdidas económicas tras más de 70 días de confinamiento ascienden a $ 15.863 millones, debido a la paralización del 70 % del sector productivo del país.

Solo en este año, las necesidades de financiamiento brutas de Ecuador ascienden a $ 13.700 millones y en los próximos años seguirán siendo altas: se mantendrán entre los $ 8.000 millones y $ 10.000 millones (ver gráfico).

Como consecuencia, se espera que la deuda pública ecuatoriana alcance su punto máximo en 2023, cuando roce el 70 % del PIB y luego disminuya al 67,7 %, en 2025.

Si bien las autoridades se centran en abordar la urgente emergencia de salud y las consecuencias de la pandemia y una fuerte disminución de los ingresos petroleros en 2020, el FMI sostiene que están comprometidas con un ajuste en 2021 y más allá.

Asegurar la sostenibilidad de la deuda pública con miras al futuro, es decir que Ecuador tenga los recursos suficientes para pagar sus compromisos, requerirá continuos esfuerzos fiscales a mediano plazo, dice el organismo.

En ese complejo contexto, ¿qué acciones deberá tomar el próximo Gobierno? Más allá de 2020, dice el FMI, “será necesario diseñar e implementar una ambiciosa racionalización del gasto y una reforma tributaria favorable al crecimiento para apoyar el ajuste fiscal tan necesario y sostenido”.

¿Qué tan grande debe ser el ajuste? Dado el gigantesco tamaño del ‘shock’ actual y los desafíos a largo plazo que enfrenta Ecuador, el tamaño del ajuste fiscal consistente con la sostenibilidad fiscal y de la deuda tendrá que ser grande, asegura el Fondo.

El personal del FMI estima una consolidación fiscal de aproximadamente 6,2 puntos porcentuales del PIB durante el período 2019-2025. En el acuerdo que suscribió Ecuador, el Gobierno se había comprometido a realizar un ajuste equivalente a 4,8 puntos porcentuales del PIB.

Moreno ha buscado ajustar gastos en los últimos dos años y en algunos casos ha debido retroceder, como en la eliminación de los subsidios a los combustibles en octubre de 2019. En medio de la crisis, el mandatario anunció nuevas medidas de ajustes que implicarán un recorte de $ 4.000 millones del gasto público: $ 980 millones se reducirán de la masa salarial, $ 400 millones de bienes y servicios, $ 1.300 millones de inversión y $ 1.300 millones de ahorro por reestructuración de deuda externa.

¿Dónde se pueden realizar nuevos ajustes? El personal del multilateral cree que hay más margen para revisar y racionalizar el gasto de capital no prioritario, que sigue siendo alto en Ecuador.

El FMI asegura que las autoridades ecuatorianas se comprometen a emprender la consolidación fiscal necesaria para que la deuda pública llegue a niveles del 45 % del PIB en 2030.

Para el exministro de Finanzas Mauricio Pozo, Ecuador debe seguir ordenando sus cuentas públicas y ese será un proceso que deberá continuar el siguiente mandatario. La calidad del gasto público aún no es buena, según Pozo, y el Gobierno debe enfocarse únicamente en las necesidades esenciales de la población.

Otro de los factores decisivos para Ecuador es la renegociación de la deuda, que el Gobierno iniciará en esta semana con los tenedores de bonos.

Para que Ecuador logre sus objetivos, señala el Fondo, también requerirá la participación de todos los acreedores.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado una presentación exhaustiva a los acreedores estableciendo los objetivos del ejercicio.

El organismo sostiene que también ha aportado sobre los requisitos para la sostenibilidad de la deuda, para que los asesores financieros de Ecuador y las autoridades elaboren un plan y una estrategia para informar sobre las discusiones con los tenedores de bonos.

Si no se logra un acuerdo consistente con la sostenibilidad de la deuda con los tenedores de bonos a mediados de agosto, dice el FMI, y se presenta la falta de una contribución suficiente por parte de los acreedores bilaterales, habría un alivio insuficiente a corto y mediano plazo, manteniendo al país en condiciones muy vulnerables durante un largo tiempo, incluso durante el próximo período presidencial.

Proyecciones criticadas

Las cifras del FMI han sido cuestionadas desde diferentes frentes en anteriores ocasiones.

Una de las críticas que ha recibido es la falta de precisión y las correcciones de gran magnitud que ha debido hacer el organismo.

Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa criticó en varias ocasiones al organismo debido a las cifras que presentaba.

“Prohibido olvidar. Se lo dijimos. El FMI ajustó su estimación de crecimiento para Ecuador de -4,5 a -2,3, es decir, un pequeño error de casi el 100 %”.

En ese entonces, Correa mencionó que la proyección del Fondo mejoró, a pesar del terremoto que sufrió el país en abril de 2016. También cuestionó que el organismo realizara proyecciones hasta 2021. “Pasaron de economistas a astrólogos”, añadió.