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Extrabajadores de la Cervecería han protestado por años en medio de la disputa legal.Cortesía.

Corte falla a favor de exempleados de Cervecería Nacional por pago de utilidades

El Ministerio de Trabajo tiene 60 días para fijar el monto total de utilidades y la empresa 30 para el pago. La firma dice que respeta la decisión 

La Corte Constitucional (CC) dispuso que Cervecería Nacional debe pagar las utilidades a extrabajadores de la empresa.

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A través de un auto, la CC dispuso que la empresa tiene 90 días para el pago total de las utilidades del periodo 1990 a 2005. Al Ministerio de Trabajo se le da 60 días para determinar el monto total de utilidades y 30 días a la empresa para el pago a los trabajadores. 

En su cuenta de Twitter, el abogado de los trabajadores de Cervecería Nacional, Washington Andrade, señaló que Cervecería Nacional deberá consignar el monto total de las utilidades del periodo 1990 a 2005, en el plazo de 90 días, en el Ministerio de Trabajo para que se distribuya y pague a los 2.608 ex trabajadores y a los herederos de los más de 200 fallecidos.

Ante la decisión de la CC, la empresa emitió un comunicado en el que dice que "Cervecería Nacional respeta, como siempre lo ha hecho, las decisiones emitidas por los órganos de justicia competentes. Por tanto, en el caso de la referencia, Cervecería Nacional respeta la decisión tomada por la Corte Constitucional".

En términos generales, el conflicto inició porque los extrabajadores exigen el pago de utilidades entre 1990 y el 2005, cuando laboraron en empresas relacionadas con la Cervecería.

Del otro lado, la empresa ha argumentado que no existe vinculación con las compañías que se contrataron en ese período y que esas firmas pagaron las utilidades de acuerdo con la ley.

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La disputa legal inició de manera formal en 2008, cuando los trabajadores presentaron una demanda legal en una corte local. El punto más alto del conflicto se vivió en el 2010 cuando un juez resolvió emitir medidas cautelares y paralizar la producción de la firma durante tres días. En el 2011 el caso llegó a la Corte Constitucional.

La CC también ordenó que un Tribunal Contencioso Administrativo en Guayaquil conozca la sentencia y el cronograma de pago.