Si Ecuador exportara solo la pesca que llega en los barcos de bandera nacional no estaría padeciendo y esperando que la Unión Europea (UE) no le saque la tarjeta roja. El problema es el atún que ingresa como internación temporal con fines de reexportación (maquila, internación temporal con perfeccionamiento activo)

Anualmente Ecuador procesa y exporta unas 500 mil toneladas métricas, de esas el 50 % es capturada por las 115 embarcaciones atuneras registradas en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), es decir, barcos que llevan a bordo un observador del organismo, que no realizan lances sobre defines, que tienen a su personal asegurado, que la tripulación cuenta con certificados (OMI) de seguridad para trabajar en el mar, que tienen monitoreo constante y hacen al menos una veda el año.

A pesar de que se conocía desde hace ya mucho tiempo la situación y de los talleres que se hicieron con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) sobre este tema, el Gobierno nada hizo ¿Por qué?

“La CIAT es una organización muy exigente y le exige cada vez más a los pesqueros ecuatorianos el cumplimiento de requisitos. Les quitaron las cubas multipropósito porque antes se almacenaba allí combustible para darle mayor autonomía a los barcos, luego les quita las cubas y les pone mayores condiciones y les exige el sistema de rastreo satelital. Al pescador ecuatoriano se le ha encarecido su operación, pero ha cumplido”, explica José Modesto Apolo, exministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (Micip) y experto en el tema.

Según Apolo, presidente también del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el problema no viene de los pescadores nacionales sino de lo que se importa sin registro de origen, sin certificados. “El problema es la falta de control a la importación sobre todo en contenedores, esa pesca que se compra para ser procesada es la que se sospecha que es pesca ilegal o pesca no autorizada. Hay 700 importadores y 20 plantas procesadoras. De esa pesca es de la que se queja la UE; no hay documentación que pruebe la trazabilidad del pescado que se procesa, puede ser pescado basura que se procesa y que luego enlatado o envasado se exporta a la UE”.

En estos días el Gobierno, con el apoyo de las industrias, elaborará normativas nuevas para un control más eficiente.