Lo que hace pocas semanas era solo un rumor en los corredores de la Asamblea, empieza a tomar forma. La labor de control que la Superintendencia de Compañías ejerció en el proceso de negociación que derivó en las fallidas inversiones del Isspol, y que hasta ahora no ha sido un blanco de investigación de la Fiscalía, ha entrado al radar del Legislativo. Son dos las iniciativas de juicio político que buscan poner en el banquillo a su principal, Víctor Anchundia.

“Si yo acuso es porque tengo las pruebas, por eso estoy pidiendo ya la destitución y la censura del funcionario”, dice Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachakutik, quien en la tarde de ayer preveía socializar en su bancada su solicitud como parte del proceso de recolección de las 35 firmas de apoyo que debe conseguir para llevar a cabo el trámite. En el ala de la derecha, con la iniciativa de Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), se encamina un proceso similar. Lo hará, dijo ayer, junto a su par, Sofía Espín, de UNES, bancada con la que espera recibir un respaldo para remitir su solicitud a la Secretaría de la Asamblea, hasta este viernes.

El paso que dan es producto de una investigación que, de forma independiente, empezaron meses atrás y que deja en evidencia el nulo o el laxo control que habría tenido la Superintendencia, tras autorizar en octubre de 2019 una nueva emisión de $ 30 millones en obligaciones de Ecuagran y Delcorp, aun cuando estas dos compañías, según los propios registros oficiales publicados por EXPRESO en septiembre de 2020, arrastraban inconvenientes financieros.

El caso es eje central del documento de 62 páginas que sustenta el juicio político que pide Vanegas. Tras una auditoría finalizada en marzo de 2019, cita, la Superintendencia pudo corroborar que ambas empresas “estaban emitiendo mutuamente facturas sin sustancia económica, las mismas que eran colocadas o vendidas en el mercado de valores desde el año 2018 a inversionistas”. También que sus balances estaban inflados y que sus estados no reflejaban la real situación de las firmas. Irregularidades, cuestiona, que solo derivaron en una escueta intervención a Ecuagran, que en seis meses fue levantada para permitir que ambas empresas pudieran emitir las millonarias obligaciones.

Sobre estos hechos, la Superintendencia ha decidido guardar prolongado silencio. Ayer, tras la insistencia de este Diario, de tener una entrevista con Víctor Anchundia, actor investigado, tampoco hubo respuesta. Se ofreció un pronunciamiento por parte de Miguel Saltos, procurador jurídico de la entidad de control, pero hasta el cierre de esta edición, esto nunca se dio.

En la develación de la fallida inversión de los recursos del Isspol, el caso de Ecuagran y Delcorp no fue lo único que puso en entre dicho la labor de la Superintendencia. En el 2018, José Ibáñez, exgerente de Valpacífico, fue el primero en denunciar las primeras irregularidades en la negociación de papeles que perjudicaban al seguro policial, pero ninguna autoridad actuó. A ello se debe sumar también el caso de Moeller Martínez.

En noviembre de 2020, este Diario dio a conocer cómo esta empresa logró emitir $ 4 millones en facturas comerciales que fueron adquiridas por Isspol, pese -según registro de la misma Superintendencia- a haber atravesado una reciente intervención y supuestos inconvenientes de pago e incumplimientos en la entrega de documentación.

Son evidencias que, pareciera, pasan por alto en la investigación de la Fiscalía. Hasta el momento, no existen cargos en contra de Anchundia o Carlos Murillo, exintendente de Mercado de Valores (quien participó en la toma de decisiones), y se desconoce si serán vinculados. Ayer este Diario hizo la consulta al ente; la respuesta, dijo, se dará a conocer en el plazo que le concede la ley.

Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), aplaude la labor de los asambleístas pero, aclara, esta debió darse hace mucho tiempo para sancionar a quien no cumplió a cabalidad con la supervisión. Para este viernes, sostuvo González, el seguro policial tiene previsto firmar un contrato de asesoría jurídica para determinar las acciones legales que como ente también interpondrían en contra de autoridades.