Desde el 2012, cuando la Secretaría Nacional del Agua transfirió la responsabilidad a los gobiernos seccionales de dragar el río Guayas, la Prefectura de la provincia, en dos períodos distintos, intentó echar a andar la obra que lleva, hasta ahora, 53 años de atraso. Sin embargo, tras el tropiezo del financiamiento, la obra no logró llegar a buen puerto.

Ahora, en un nuevo intento por traer la draga hasta el caudal del río y faltando poco más de    año para que culmine su administración, la Prefectura del Guayas dio inicio al proceso de licitación en el Sistema de Contratación Pública. Las bases y términos de referencia fueron publicados el pasado 1 de diciembre, a la espera de que las empresas interesadas presenten su mejor oferta para extraer 6 millones de metros cúbicos de sedimentos del río.

Según el cronograma, se tiene previsto que el próximo 4 de marzo sea la fecha de adjudicación del contrato y hasta el 15 de abril la firma del documento. A partir de esta última fecha, la empresa adjudicada tendrá dos años y medio para concretar la obra en tres fases.

Paralelamente al desarrollo de la obra, en el país se celebrarán las elecciones seccionales del año 2023. Es decir, para el año entrante la provincia, en caso de no quedar reelegida la prefecta Susana González, tendría otra administración.

Ante esto, se genera la duda de qué garantías o blindaje legal tiene el actual proceso para que, luego de ser adjudicado el contrato, este no termine en el tacho como sucedió en la administración de Carlos Luis Morales, en agosto de 2019, cuando finalizó de manera unilateral el contrato que firmó su antecesor, Jimmy Jairala, con las Fuerzas Armadas del Ecuador para dragar el río.

Por su parte, la prefecta del Guayas, Susana González, sostuvo en una entrevista con EXPRESO que la transparencia con la que se ha desarrollado el actual proceso y el financiamiento que tendrá la obra son dos elementos que garantizan que esta vez sí llegará a buen puerto, debido a que ahora la obra será costeada con los recursos financieros de la Prefectura y no del oferente.

En cuanto a la transparencia del proceso, una vez publicadas las ofertas de los tres oferentes en el Sistema de Contratación Pública (Sercop), se ha puesto en tela de duda las garantías y ‘expertise’ que puedan dar las empresas oferentes en este tipo de obras.

Por ejemplo, la oferta más tentadora es la de la empresa El Palmar, constituida por Sudamericana Integral de Construcciones Sudinco S. A. (50 %), Sabavisa S. A. (25 %) y Asesores Financieros Andalucía Occidental Sociedad Gestora de Patrimonios S. A. (25 %), que ofertó llevar a cabo la obra por un poco más de 38 millones de dólares. Es decir, 7 millones menos del presupuesto referencial establecido por la Prefectura del Guayas.

Lo que despierta más inquietud, muy aparte de lo económica que pueda resultar la oferta, es la falta de experiencia que tiene Sudinco S. A. en este tipo de obras. En su página web, la empresa tiene un listado en el que expone las obras civiles realizadas, pero en ninguno de esos ítems figura una relacionada al dragado.

Para el experto en contratación pública Daniel González, las etapas preparatoria y precontractual son claves para que no haya inconvenientes en el proceso. Detalla que “independientemente de que venga una nueva administración, si todo se ha cumplido como lo establece la ley, no existiría causal para terminar unilateralmente o por mutuo acuerdo. Y de ser así, el proveedor podría demandar al Estado y obtendría cuantiosas indemnizaciones”.

En cambio, para el experto en compras públicas Gonzalo Zavala, muchas veces “la política suele superar la legalidad de un contrato”. Explicó que, “en caso de que llegue a la Prefectura una nueva administración y esta encuentre algún vacío en el contrato, el desarrollo de la obra podría detenerse en cualquiera de sus etapas, siempre y cuando encuentren sustento en algún término legal”.

Para el experto en contratación pública Germán Lynch, en el sistema de contratación pública existen ciertos vacíos en donde el administrador del contrato se puede convertir en amigo o en enemigo del contratista. Asegura que pueden pasar muchas cosas.

Lynch, además, señaló que hay otros elementos que también se deben cuidar, como el cumplimiento de los trabajos    que fueron establecidos en las condiciones específicas de la contratación, así como las demás obligaciones contractuales para evitar cualquier objeto de terminación del contrato.

La prefecta Susana González explicó que el proyecto de dragar el Guayas tiene un valor referencial de 47 millones de dólares, 44 millones menos que la contratación anterior, que no se concretó y que se acercaba a los 90 millones. Parte del ahorro que refleja la obra consiste en que no se pagarán intereses. Agregó que, inicialmente, la Prefectura cuenta con 13 millones; la diferencia será cancelada durante los tres    años que durará la obra. Es decir, 12 millones al año.

• DATOS 

PRIMERO

En 2016, la administración de Jimmy Jairala firmó un contrato con China Harbour Engineering Company, pero no se concretó.

SEGUNDO

En 2018, Jairala contrató el servicio de dragas de la Armada, pero se realizaron cambios en el contrato y su ejecución se postergó.

TERCERO

En 2018, la Prefectura y la Armada firmaron un adéndum en el que cambiaban las condiciones de pago, pero en 2019 esto se finiquitó.