El déficit de energía que afronta el Ecuador no era impredecible ni se debe al cambio climático, si tal cosa existe. El estiaje solo ha acelerado un desenlace que no se le escapaba a una persona medianamente informada en la materia, y de hecho no han sido pocas las voces que venían públicamente advirtiendo desde hace muchos años que nos encontraríamos en el estado en que estamos si no se tomaban decisiones al respecto. Y no se tomaron; o se tomaron las equivocadas.

Ningún gobierno puede escurrir el bulto, ni el actual, que aparentemente nombró al gato de despensero. Pero el mayor protagonismo en el desastre lo tiene la administración revolucionaria de las manos ardientes, que tuvo el tiempo y abundantes recursos para provocar cambios positivos y estructurales, y en lugar de ello se dedicó a dilapidar a tontas y a locas la lotería petrolera, dejando a su paso un reguero de sobornos y centrales hidroeléctricas que funcionan por debajo de su capacidad y adolecen de serios problemas técnicos, barridos bajo la alfombra gracias a su contralor de lujo, el mismo que hoy enfrenta condena.

No habríamos aprendido la lección, sin embargo, si consideramos que las causas de esta debacle del sector eléctrico, que se codea en el podio del absurdo con el petrolero, están en la corrupción, en la falta de previsión, en la desafortunada incompetencia de los funcionarios de turno o en el boicot que ha sido denunciado. Tales factores agravan, sin duda, pero en la raíz del problema está la gestión estatal de los denominados sectores estratégicos, que no permite sino de modo excepcional la gestión privada, según la norma constitucional. ¿Quién tiene el incentivo para construir una obra en las mejores condiciones técnicas y económicas, el que recibe un precio o sobreprecio y la entrega apenas finalizada al Estado -el peor administrador según incontrastable y universal evidencia-, o el que debe explotarla rentablemente a largo plazo? La respuesta la tiene hasta Perogrullo y, sin embargo, a pesar de los excelentes resultados que en general han dado los proyectos públicos concesionados, se ha alimentado una cultura chauvinista contra la iniciativa privada. El resultado es que, gracias a Montecristi, somos, dicen, muy dignos, tenemos colgado un certificado de soberanía energética expedido en Ciudad Alfaro y la patria ya es de todos. Pero andamos en tinieblas, literalmente.