Más de un mes después del intento de la Policía por relevar a los 37 uniformados asignados a la Fiscalía y que fue frenado por una medida cautelar autónoma de la fiscal Diana Salazar, el tema aún no se resuelve.

El pasado 13 de febrero la jueza Sara Jiménez dio paso a la acción y suspendió de manera inmediata los traslados contenidos en dos telegramas del 11 de febrero de 2023 que suscribió Henry Tapia, director nacional de Administración de Talento Humano de la Policía.

La medida alcanzó a los uniformados asignados a la seguridad personal de la fiscal, de su hija menor de edad y de su familia y a los uniformados que formaban parte del equipo operacional de investigación de la Policía y que apoya las labores investigativas de Fiscalía en los casos de fuero de Corte. La disposición fue que debían permanecer en funciones.

Al suspender los traslados la jueza dijo que la medida regirá hasta que las dos instituciones, es decir Fiscalía y el Ministerio del Interior, “realicen un cambio coordinado, guardando el debido respeto, observando la necesidad de cada institución y en beneficio del país”.

Después de eso se conformaron mesas técnicas, informó el ministro del Interior, Juan Zapata, para efectuar las coordinaciones. Hasta la semana pasada ya hubo dos reuniones conjuntas y Zapata consideró que marcharon bien. Los delegados de las autoridades en el grupo de trabajo elaboraron una hoja de ruta. Del Ministerio del Interior habría salido una propuesta en consideración de la Fiscalía. El Ministerio del Interior espera la contrapuesta de manera formal. Zapata señaló que en cuanto llegue se pondrán de acuerdo.

Cerca de mediados de febrero, ni bien llegó el telegrama con la disposición policial de relevar a los equipos en la Fiscalía, Salazar evidenció en redes sociales su inconformidad.

En la audiencia convocada por Jiménez la Fiscalía insistió que el personal que se pretendía cambiar colaboraba en la Unidad de Investigación y están a cargo de las investigaciones: Encuentro, Pandora Papers, Gabela, Dhruv, Bernal, Petroecuador, China CamC, Vera Grunauer, Diezmos, Posorja, Manduriacu, entre otros. Algunos que llevan varios años en investigación previa.

Pero en febrero no solo la Policía intentaba hacer relevo de personal que el comandante Fausto Salinas justificó que “la rotación es importante”.

Lo hizo también la Fiscalía. Se concretaron el viernes 17 de febrero cuando se procedió a notificar cambios de agentes fiscales con base en “las atribuciones y disposiciones legales que le facultan a la máxima autoridad disponer asignaciones y designaciones de personal”, señaló la entidad en respuesta a un pedido de información de EXPRESO. Se indicó que las unidades que tuvieron mayor número de movimientos fueron Flagrancia, Patrimonio Ciudadano, Personas y Garantías.

Según la explicación, ante el déficit de fiscales, el pleno del Consejo de la Judicatura en diciembre de 2022 nombró cinco agentes temporales categoría 1 para la Fiscalía de Pichincha y que fueron ubicados en las fiscalías en donde se requería cubrir las vacantes.

La Fiscalía defendió que es un órgano autónomo de la Función Judicial que funciona de forma desconcentrada y tiene autonomía administrativa, económica y financiera. Por esa razón su estructura institucional ha permitido “que los movimientos de personal no afecten la productividad procesal”.

Pero eso no opinan familiares de personas desaparecidas como David Romo. Su madre Alexandra Córdova señaló que al menos 20 fiscales han conocido el caso. Para ella, el “cambio de fiscales es una revictimización a las víctimas, tenemos que volver a contar nuestra dolorosa tragedia y es una vulneración a nuestro derecho a justicia ya que este cambio es un volver a empezar”. 

El detalle

Incidente. El intento de cambiar a los policías fue visto como violentar los derechos de la fiscal y los de su familia.