El dia despues del retorno

Blanca Moncada / Édison Esparza / Diana Sotomayor

Luces de patrulla. Le dijeron que se detenga porque iba a 65, cinco kilómetros menos de lo que estipulaba la ley. “¿Podemos revisar el vehículo?” “¡Claro!”. Uno de los agentes pidió su detención después. Lo acusaron de cargar una bolsita de cocaína debajo de la llanta de emergencia. “Era mentira. Todo fue mentira”.

La jueza -días después de ese 8 de junio- dispuso que la acusación fue improcedente. Lo puso en libertad y le quitó los cargos. Pero él no volvió a pisar Kentucky, “un estado muy racista”. La policía lo entregó a migración. Allí pasó tres meses, hasta la madrugada del viernes, cuando fue deportado, junto con otros 44 ecuatorianos, luego de 14 años de vivir en Estados Unidos.

Dejó en Estados Unidos sus dos carros, las cosas del departamento y cerca de 8.000 dólares. Lo único que trajo fue un llavero que compró en Los Ángeles. “El resto ya se pierde”. César Puente, que allá fue taxista, ahora está de brazos cruzados. Sus dos hijas viven aquí, en Quito. “Debo mantenerlas. Tengo que buscar trabajo ya”. Espera hacerlo, aunque reconoce que es difícil a sus 43 años.

Lo primero que hará el lunes es sacar sus papeles y buscar trabajo. Espera que el Gobierno lo ayude a él y a todos los compatriotas que fueron sus compañeros en el viaje de retorno del primer grupo de ecuatorianos deportados en la era del presidente Donald Trump, que arribó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo el viernes pasado, en un vuelo charter desde Louisiana.

Conoció muchas historias en el avión. “Había un cuencano que pese a que pagó la fianza que le pedían, salió y migración lo detuvo nuevamente afuera. Él ya estaba preso seis meses”.

“Allá las cárceles están llenas de migrantes latinoamericanos. Es horrible. A muchos los encerraron en el momento en que estaban en sus lugares de trabajo. Lavando platos, en construcciones. Vi a mecánicos que aún llevaban su overol lleno de grasa. Y así les tocará regresar a sus países. Allí nos tratan de lo peor”.

Su familia está tranquila ahora que está aquí. Durante los meses que estuvo encerrado jamás pudieron tener información sobre él.

De las casi medio centenar de historias de los deportados, una que conmovió a la sociedad fue la de Diego Puma, de 19 años. Lo arrestaron el 8 de junio, a pocas horas de celebrar su graduación en la escuela secundaria de Ossining. Fue aprehendido cuando se refugiaba en la vivienda de unos parientes. Su mamá, Rosa Inés Macancela, un día antes, corrió con la misma suerte.

Emigraron de Azogues en 2014. Pero en diciembre de ese año fueron detenidos en la frontera con México, cuando ingresaban a territorio norteamericano. Perdieron su caso en las cortes de este país y la orden de deportación fue emitida el 16 de noviembre de 2016.

Sus parientes esperaban una respuesta favorable de parte de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes esta semana recibieron los certificados de antecedentes penales de los ilegales, traídos desde Ecuador.

Pero ni los rezos ni las manifestaciones pacíficas frente a las oficinas del ICE en Manhattan, que amigos y parientes realizaron durante dos semanas, torcieron la decisión.

“De regreso a la casa nos llamaron los abogados para decirnos que la petición había sido negada y que Diego y Rosa iban a coger el avión de regreso a Ecuador”, relató su tío Luis Alberto Macancela.

Este es un primer grupo de las más de 300 personas que llegarán en varios vuelos.

Ecuador monitorea los casos en EE.UU.

Para enfrentar el problema, el Gobierno ecuatoriano ha creado un Plan de Contingencia Migrante que realiza, a través de sus consulados en Estados Unidos, talleres que le permiten al migrante conocer sus derechos y visita los centros de detención y deportación para monitorear los casos y darles acompañamiento.

Según lo dio a conocer ayer Jorge Torres, coordinador del programa a nivel Tri Estatal (Nueva York, New Jersey y Connecticut), los servicios se extienden también a las cárceles.

“Nos hemos encontrado con la novedad de que hay migrantes que han sido detenidos injustamente o que les están poniendo fianzas demasiado altas. Nos hemos encontrado también con casos de personas a las que no se les permite ver un juez”. Eso nos preocupa mucho y estamos trabajando en ello, dice. “Hay articulaciones y organizaciones sin fines de lucro que a nivel triestatal están trabajando en conjunto en el movimiento migratorio”. Están haciendo los “debidos procedimientos” para abordar el tema con el Gobierno estadounidense, agrega.

Torres, quien asegura que los arrestos, a los que cataloga como personalizados, se han cometido incluso por haber manejado bajo la influencia del alcohol, desconoce qué pasará con los deportados a Ecuador. “Parece que se está trabajando ya en un proyecto, pero relativamente no tengo nada de primera mano”, precisó vía telefónica a EXPRESO.