Descubriendo el agua tibia

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Descubriendo el agua tibia

Allá por 1997 la frase más repetidas por los genios del Derecho Constitucional era: “hay que despolitizar el nombramiento de los órganos de control”. Falso. La designación de autoridades es un acto de gobierno, es decir un acto político. El pueblo es quien debe nombrarlas en forma indirecta a través de las autoridades por las que votó: presidente y diputados, y no ningún Consejo de Participación Ciudadana. ¿Acaso el pueblo ha participado en las designaciones? Además, los concursos basados en puntitos, publicaciones y falsa meritocracia son meramente administrativos, no políticos. En ellos no interviene la voluntad popular. Sonia Sotomayor, magistrada de la Supreme Court fue nombrada como se ha hecho siempre: nominada por el presidente (‘nomination’), el Congreso la examinó tres días en el proceso político de control (‘confirmation’) y fue designada (‘appointment’) con los votos de la bancada opositora, porque demostró sus conocimientos ante el Congreso y ante el pueblo norteamericano. Pero nosotros somos el único país que se emperra en descubrir el agua tibia cada 10 años. Y como eternos descubridores de la pólvora, andamos inventando nuevas y ridículas fórmulas de designación. Si el presidente nombra los ministros de Estado, ¿por qué nos desquicia que -como en todas partes- nombre a las demás autoridades? Hay magníficos ejemplos de lo acertados que son los nombramientos directos, como el de la ministra del Interior y el del ministro de Defensa. La primera -haciendo una evaluación científica de las causas del crimen- recurre a las estadísticas para ubicar los problemas y ver qué funciona y qué no. Así planifica su gestión de forma técnica y tiene una compresión real de los problemas de seguridad interna del país. El ministro de Defensa por su parte, hace gala de gran versatilidad y profundos conocimientos teóricos y prácticos en materia de defensa y seguridad externas. Dos designaciones de lujo por parte del presidente. Sin concursos ni puntitos, ni ridícula meritocracia. De ahí que el Dr. J. C. Trujillo -profesor de la materia- dijera ya que el Cpccs debe desaparecer.