Por el derecho a la seguridad

En la Constitución del Ecuador constan entre los deberes primordiales del Estado: “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

Como se puede apreciar a primera vista, en la vida real esas garantías, al igual que tantas otras, no se están cumpliendo. Las actividades cotidianas se desarrollan en un clima de violencia: verbal y de todo tipo; la inseguridad es global: la jurídica, la física, la económica, etc., y la democracia es un proceso en construcción, constantemente obstruido por crecientes prácticas corruptas.

Cabe aceptar que los esfuerzos orientados a proveer a los ciudadanos de la seguridad deseable, como obligación del Estado y como derecho de quienes lo habitan, han fracasado. Conviene entonces revisar su orientación y pasar de las palabras a los hechos. Uno, polémico pero imperativo, es que los ecuatorianos estén en capacidad de ejercer su propia defensa en su hogar, en sus sitios de trabajo, poseyendo armas debidamente registradas, con expresa prohibición de portarlas en sitios no autorizados pero, otorgándoles a sus poseedores, o a guardias contratados, la capacidad de defenderse, al tiempo que desestimulando la actual impunidad en el ejercicio del delito.