Más de 200 muertes violentas registradas en el país en el primer mes de 2022 han encendido las alarmas.

Los cuestionamientos se han dirigido a la Policía, encargada de la seguridad ciudadana. Otra vez los militares han debido salir a las calles para ayudar en el combate a la delincuencia.

La Policía parece estar en desventaja para enfrentar al crimen organizado y transnacional que se pelea por el control de las zonas de distribución de drogas y a su paso va dejando decenas de muertos.

La realidad de 2022 no es la misma que la de 2014, afirman oficiales que pidieron la reserva de sus nombres. Dicen que lamentablemente en la Policía existen inconvenientes que merman su efectividad, como la inexistencia de un plan sostenido de renovación del parque automotor.

Los vehículos con los que se patrullan de 13 a 16 horas diarias son de 2014. Fueron cerca de 5.000 de distintos cilindrajes por cerca de 200 millones de dólares.

En ese entonces, el Ministerio del Interior dirigido por el exministro José Serrano ofrecía que servirían para optimizar el patrullaje. Esa era una de las estrategias para reducir el delito y el número de muertes violentas que hoy parecen estar sin control.

Aparentemente, aunque la población ha crecido, los costos de gasolina, repuestos y otros insumos han subido, el presupuesto policial no se ha incrementado significativamente. En 2014 el presupuesto fue de 1.114 millones, 1.285 millones en 2021 y para el 2022 cerca de 1.320 millones.

La asignación del presupuesto depende de la programación del Ministerio de Economía. Pero, en el año se puede subir hasta un 5 %, dependiendo de las necesidades de la entidad y por pedido de la autoridad máxima del ente.

El exdirector de Operaciones de la Policía Jaime Vaca señala que no es solo la situación de los patrulleros sino que la Policía debería estar dotada de alta tecnología y de sistemas informáticos que permitan focalizar todos los puntos críticos. Por ejemplo, para interceptaciones telefónicas, usar una georreferenciación del delito y ubicar a los líderes de las bandas delincuenciales del narcotráfico y crimen organizado.

“Es lo que no tiene la Policía” y debe fortalecer los sistemas de inteligencia antidelincuencial y estratégica. No ha existido un plan de reposición de patrullas.

Afirma que la Policía no puede trabajar sola, hace falta la colaboración interinstitucional y el apoyo del Gobierno.

Habla de modificación de leyes, la formación de un Consejo de Seguridad Estratégico. Cambiaron de la Senain a CIES pero siguen sin dar una visión estratégica al presidente. La institución no cuenta ni con recursos fundamentales para la provisión de uniformes, municiones para prácticas de tiro o leyes que respalden su actuación, dice.

Adicionalmente a la Policía se le han cortado las alas a la hora de autodepurarse. Por ejemplo, quienes han sido separados por inconductas, no han calificado para ascensos, han golpeado la puerta de la justicia constitucional y retornado hasta con la obligatoriedad de que se les paguen indemnizaciones, comenta otro oficial. Para ello se buscan jueces que resuelvan sus acciones de protección que afirman, están afectando a la disciplina policial.

Vaca asegura que en los últimos años la Policía fue inutilizada y disminuida. De eso culpa al expresidente Rafael Correa y a los exministros Gustavo Jalkh y José Serrano. Dice que Correa cambió “la ley orgánica de la institución, la de personal, quitó la personería jurídica, se inventó el COIP con una Constitución garantista”. Para él, eso hizo daño a la Policía.

Serrano vive en EE. UU. y no fue posible contactarlo. Pero Jalkh insistió en que esas afirmaciones no tienen sentido “porque en nuestra administración combatían de mejor manera contra la delincuencia. Los números así lo demuestran. De 19 homicidios por cada 100.000 habitantes bajó a 5 la tasa”. Añadió que hoy está cerca de 16 con una proyección a 20 tal como vamos. “Así es que: dato mata relato”, dijo.

Vaca responsabilizó de los cambios a quien en esos días “fue subsecretario de Gobierno, hermano de un subversivo, condecorado en la Asamblea”.

El director de Seguridad Ciudadana y Orden Público Fausto Salinas menciona nuevas realidades que le toca combatir a la Policía como la minería ilegal. Detrás de esa actividad se maneja el contrabando de armas, municiones y explosivos. Una muestra son los hallazgos en zonas en las que se desarrolla la actividad. A la Policía se exige más cobertura pero con medios de los que disponía hace ocho años, afirma.