El defensor público encargado, Ángel Torres Machuca, le propuso al ministro del Interior, Juan Zapata, crear la Dirección de Defensa de la Fuerza Pública para brindar una atención especializada, a todos sus servidores de la Policía y de las Fuerzas Armadas que, en el ejercicio de sus funciones, enfrentan procesos penales.

De esta forma, los defensores públicos que ya se hacen cargo de asistir técnicamente a los involucrados en delitos buscan también solventar una demanda que preocupa a los uniformados.

En el caso de la Policía, el Ministerio del Interior tiene un equipo jurídico de “defensa institucional” que se encarga de asistir legalmente a los policías que en operativos han usado su arma de dotación y matado a un delincuente. O que, durante allanamientos y proceso investigativos, son demandadas por los sospechosos, tras recuperar la libertad.

Según el Ministerio del Interior, esa falta de apoyo legal, pues muchos deben pagar de su salario, también ha impedido que los agentes hagan más uso de su arma y apliquen el uso progresivo de la fuerza.