La prelibertad otorgada a Jorge Luis Zambrano González, presunto líder de la organización delictiva Los Choneros, deja en jaque a su defensor, además de funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil (CRS) y privados de la libertad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a la investigación que abrió por ese caso, al abogado Harrison Alberto Salcedo Mena, conocido por ejercer la defensa de actores políticos en conocidos casos de corrupción, como el del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. Actualmente defiende al asambleísta Eliseo Azuero, investigado dentro de la trama del reparto de hospitales públicos, que implica a su excolega Daniel Mendoza.

La diligencia se desarrolló entre la tarde y noche de ayer, en una de las salas de la Unidad Judicial Florida Norte, en Guayaquil, donde la jueza Ángela Bustillo dio paso al pedido de la fiscal Jacinta Andrade, quien reformuló los cargos que se imputaron a los tres primeros procesados por el delito de delincuencia organizada.

La investigación se redirecciona por presunta asociación ilícita, y por el que la Fiscalía formuló cargos a Salcedo, así como a Héctor Reyna Vivar, director del CRS de Guayaquil, más conocida como la Penitenciaría del Litoral o ‘Peni’. El proceso abarca a otras cinco personas, quienes se habrían asociado para obtener la liberación de Zambrano, también conocido como Rasquiña o JL.

Desde el pasado 5 de junio, el hombre goza del régimen semiabierto, tras lograr la reducción de una sentencia de 20 a 8 años de cárcel, beneficio al que se acogió luego de cumplir solo seis años de la condena que fue ratificada en casación, como coautor de un asesinato registrado en 2011, en la provincia de Manabí.

En la audiencia, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción, como las versiones receptadas a los procesados, los informes de transcripción de llamadas salientes de teléfonos móviles, así como audios, videos y transcripción de mensajes de teléfonos celulares y redes sociales de los investigados (con la autorización legal respectiva), entre otros. "En uno de estos elementos constan las llamadas y mensajes de texto intercambiados entre el investigado Harrison S. M. y la procesada Samara R. S. con Jorge Luis Z. G., en las que elucubraban métodos y conceptos a seguir para conseguir la liberación del presunto líder de la organización delictiva Los Choneros", informó la Fiscalía.

La materialización de la información digital de los teléfonos celulares, efectuada también a varios contactos de abogados y personas allegadas –incluidos funcionarios del sistema judicial y del Centro Penitenciario– determinaría que el objetivo era lograr la libertad de Jorge Luis, se indicó en la audiencia.

Para la Fiscalía existe la presunta participación de un grupo de personas en el hecho investigado, por lo que se solicitó la vinculación de las mismas al proceso y la prisión preventiva para los siete vinculados

La jueza Bustillo acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó medidas cautelares de presentación ante la autoridad y prohibición de salida del país. Mientras que para los tres primeros resolvió mantener la situación jurídica dispuesta en la audiencia de formulación de cargos.

Desde la sala de una clínica privada, Harrison Salcedo rechazó la solicitud de la Fiscalía de vincularlo al proceso. A través de su cuenta de Twitter, compartió su “indignación al mundo” al conocer la noticia de la formulación de cargos, a 72 horas de haber sido sometido a una cirugía en la región lumbar, según el certificado médico que publicó. “Por qué generar una audiencia en estas condiciones, tan prematuro, tan rápido, tan sin sentido, será acaso que denuncié que todo el Estado y la plana mayor de este Gobierno están metidos en los actos de corrupción y como abogado he tenido acceso a esa información (...) quieren acaso dejar sin defensa jurídica y técnica a las personas que represento, políticos y otros centenares de clientes (...)”, se preguntó el jurista en un video que colgó a sus redes sociales, desde la cama de un hospital.

LA MANIOBRA 

Uno de los audios extraídos del teléfono celular de una procesada da cuenta de la presunta “maniobra que depende solamente del juez y de que autorice la Judicatura (...) dependiendo del juez porque parece que (...) sí va a estar a favor de esto (...)”.

LA SUSPENSIÓN

El pasado 24 de julio, el Consejo de la Judicatura emitió una medida cautelar de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Latacunga, Vinicio Santamaría, quien tramitó el pedido de prelibertad.