Han pasado más de 70 días desde que el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno en Ecuador. Desde entonces las fuerzas de seguridad han realizado 164.920 operativos, 202 de estos contra grupos terroristas y como resultado han detenido a 12.478 personas, según los datos oficiales con corte al 10 de marzo. El último jueves, la Presidencia anunció que Noboa extendió el estado de excepción por 30 días más.

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El 6 de marzo, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el comandante general de la Policía, César Zapata, indicó que en lo que va del año, las muertes violentas disminuyeron en un 36%. Además, se observa, según el oficial, una reducción de 2.658 delitos: “Hemos logrado una disminución de 194 muertes violentas, lo que indica que en el mismo período de 2023 teníamos 1.191 y ahora 897”, dijo Zapata. 

A pesar de la disminución en las muertes violentas y otros delitos, la Policía aún tiene dificultades para combatir los casos de extorsión. De acuerdo con información del ECU-911 de Samborondón, se observa un notable incremento en el número de extorsiones en Guayaquil durante los primeros tres meses de este año, pasando de 120 en 2023 a 618 en 2024.

Si bien el despliegue de las fuerzas del orden, la militarización de las calles y de las cárceles han disminuido ciertos indicadores, los expertos coinciden en que estas son medidas a corto plazo y que, para garantizar la seguridad, se necesitan reformas legales, planes de inclusión y, sobre todo, tiempo.

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El general del Ejército en servicio pasivo, exministro de Defensa y exjefe del Comando Conjunto de Ecuador, Luis Lara, explicó que si bien la medida de decretar el conflicto armado interno muestra resultados positivos, el país “no puede permanecer en estado de guerra permanente”. El general Lara recordó que “la violencia en la sociedad es un tema estructural que tiene estrecha relación con las condiciones económicas, sociales y educativas de una nación”.

Por su parte, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, quien se desempeñó como jefe de Inteligencia Militar, indicó que retornar a los niveles de seguridad previos a la actual crisis dependerán de las políticas públicas de largo alcance que implementen los gobiernos: “Yo creo que, como lo dicho públicamente, tendrán que pasar tres o cuatro décadas más para retomar los niveles de seguridad”, aseguró.

Los oficiales militares en servicio pasivo coinciden en que las Fuerzas Armadas han ejecutado medidas exitosas, “pero no estamos viendo las repercusiones que posiblemente estarán por llegar o la red de acciones que van a generar estas organizaciones delictivas”, indicó Pazmiño, quien además advirtió que el Estado debe prepararse para una posible respuesta de los grupos de delincuencia organizada.

Para Lara es esencial que se consigan nuevas formas de enfrentar la criminalidad: con el combate a las bandas narcocriminales y a las estructuras criminales de cuello blanco: “la violencia no se detendrá mientras no se ataquen a las estructuras criminales y a sus aliados”. En ese sentido, Lara felicitó el trabajo de la Fiscalía General del Estado que ha señalado los vínculos del narcotráfico, la política y la justicia con los casos Metástasis y Purga.

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El profesor investigador de Seguridad y Prospectiva del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Alexis Colmenares, indicó que para recuperar la seguridad se debe considerar los elementos externos e internos y las tendencias globales en esta materia. El académico resaltó que a escala mundial “estos actores transnacionales de la delincuencia organizada están teniendo mayores espacios de poder y han logrado penetrar en distintos estados, en distintas administraciones y en distintos gobiernos”. 

Adicionalmente, señaló Colmenares, hay otros desafíos que deben atenderse, como la pobreza, las crisis económica e institucional y la corrupción: “No podemos dejar de lado toda esa podredumbre del sistema de justicia que se ha visto involucrado en distintos actos que benefician no solamente a la delincuencia, sino al crimen organizado transnacional”, aseveró.

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Esas materias, según Colmenares, deben formar parte de una visión integral, holística y multidimensional al momento de crear políticas públicas en seguridad, pero también enfocadas en lo social.

Tanto Lara como Colmenares coincidieron en la importancia de una reforma legal. El exministro insistió en la necesidad de “una transformación profunda de la sociedad, empezando por su educación, la formación en valores”. Colmenares sugirió la participación no solo del Gobierno sino de la sociedad civil y el sector privado para dirigir al país al escenario que los ecuatorianos anhelan.

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