Son 144 días. Al presidente Rafael Correa le quedan 3.456 horas al frente del Ecuador y todavía tiene una lista de pendientes considerable. Las investigaciones por las denuncias de corrupción, la obtención de financiamiento, la venta de bienes públicos y los anunciados cambios en su gabinete son los temas más fuertes.

Correa entregará el mando el 24 de mayo. En esa fecha, pero de 2016, ofreció reducir el tamaño del Estado. La promesa se cumplió a medias.

En su informe a la Nación, el mandatario dijo que “se venderán o abrirán al capital privado empresas públicas como Tame, Cementera del Ecuador y Fabrec”. Hasta la fecha no hay nombres de compradores ni procesos divulgados.

¿La razón? Para la oposición, es complejo vender sin cuentas claras. Los canales incautados son un ejemplo.

Wilma Andrade, candidata a asambleísta por la Izquierda Democrática, cree que la venta de los medios de comunicación GamaTV y TC Televisión es posible luego de saber sus estados financieros.

Mauricio Pozo, candidato a la vicepresidencia por el Partido Social Cristiano, está de acuerdo. Él cree que nadie estará interesado hasta saber cuáles son los activos y pasivos de las empresas.

Otro pendiente es el futuro de Correa. Él dijo que viajará a Bélgica luego de mayo. Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por CREO, considera que el líder de PAIS no debe salir del Ecuador hasta que se aclaren las cuentas estatales.

EXPRESO recoge otras incógnitas que deberían resolverse en menos de cinco meses.

El Gabinete se mueve en campaña

Sería el último movimiento de fichas. Rafael Correa anunció que hará cambios en el gabinete con miras a la campaña electoral que arranca en dos días. Después de ese anuncio, el 29 de noviembre, solo se hicieron movimientos en el frente económico. Patricio Rivera, Diego Martínez y Madeleine Abarca cambiaron de posiciones en dos ministerios y el Banco Central.

Pero no solo habrá funcionarios ministeriales en la campaña. El presidente sería un actor político, según el candidato a asambleísta por Concertación, César Montúfar.

Él cree que la consulta popular sobre el denominado pacto ético, que impulsa Correa, tiene otra intención. “Lo de fondo es que quieren permitir que el presidente Rafael Correa se inmiscuya en la campaña para desviar la atención”.

Las investigaciones por corrupción

Otra promesa del informe a la Nación del año pasado. Correa habló de cero tolerancia a la corrupción y, en los últimos meses, ese ha sido precisamente el pedido de opositores y organizaciones de la sociedad civil.

El 24 de mayo de 2016, Correa dijo que “todos los funcionarios están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía”. Los datos, sin embargo, han sido esquivos en la estatal Petroecuador. Dos exgerentes son investigados por presuntos actos de corrupción. Solo uno está detenido.

Odebrecht también levantó polvo que necesita disiparse. El asambleísta de CREO, Diego Salgado, pide investigaciones sobre las presuntas coimas entregadas por la empresa brasileña a funcionarios de Gobierno. Representantes de Odebrecht hablan de coimas entregadas durante la Revolución Ciudadana.

La prometida Refinería

Falta dinero. Si 2016 será recordado por el constante endeudamiento, 2017 al parecer no será diferente. El presidente ofreció, desde 2008, la mayor obra en la historia: la Refinería del Pacífico. El megaproyecto, sin embargo, aún no tiene financiamiento.

Para construir la planta, el país tendría que contar con cerca de 13.000 millones de dólares. Ese dinero ha sido negociado en préstamos con China, pero todavía no hay acuerdo.

Pese a las demoras y salidas en falso, Correa sigue hablando de la construcción del proyecto que, inicialmente, contaba con todo el respaldo de Venezuela.

La necesidad de dinero no se limita a la refinería del Pacífico. El Gobierno tiene la intención, según el frente económico, de contratar más deuda –en préstamos o emisión de bonos– cuando haya las condiciones necesarias.

Le ley de herencias y proyectos financieros

Se cumplió a medias. Rafael Correa ofreció enviar, nuevamente, la ley de herencias y plusvalía a la Asamblea, luego de que en el primer intento no convenció a la ciudadanía.

A inicios de diciembre, el legislativo recibió el texto de plusvalía. 27 días después, la mayoría oficialista aprobó la norma que cobra el 75 % de impuesto a la “ganancia extraordinaria”.

Eso deja en suspenso a las herencias.

Madeleine Abarca, gerenta del Banco Central, cree que hay otro elemento que cobrará más fuerza en los cinco meses que le quedan a la Revolución Ciudadana, al menos en manos de Correa. Ella dijo que en este año continuará impulsando mecanismos para difundir el dinero electrónico. El plan estatal tiene unas 283.000 cuentas abiertas luego de dos años de promoción.