Nunca tantos mintieron tanto en una comisión parlamentaria y fueron pescados en la mentira en tan poco tiempo. La mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), incluida su presidenta Sofía Almeida, vivió su jornada más bochornosa esta semana en la Comisión de Fiscalización. Llegaron altivos y soberanos a defender la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado. Con voz altisonante y soberbia dijeron que era la persona más calificada; que habían considerado las carpetas de varios aspirantes y ninguno como él; que cumplía todos los requisitos; que tenía la formación de un abogado especialista en la defensa de los derechos humanos; que su trayectoria en ese campo era enorme; que no había conflicto de intereses en su designación; que se aplicaron los debidos protocolos... Nada de esto soportó el más elemental de los interrogatorios. Cuatro horas después, estaba claro que todo era mentira.

El juicio político quedó servido. Que los consejeros de mayoría lo están pidiendo a gritos, tuiteó el asambleísta de Izquierda Democrática Dalton Bacigalupo. Y sí: al día siguiente de su comparecencia, en los pasillos y oficinas de la sede legislativa había empezado ya la recolección de firmas de apoyo para traerlos ante el Pleno, censurarlos y destituirlos. La iniciativa es de Ricardo Vanegas, de Pachakutik, recién reconciliado con el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, tras retirar una queja que había puesto en su contra. ¿Quién lo apoya? No el correísmo, a juzgar por el espaldarazo de Roberto Cuero a los consejeros de mayoría; tampoco el socialcristianismo, como quedó claro en las evasivas de Jorge Abedrabbo en radio Democracia. Normal: se supone que los integrantes del CPCCS no tienen filiación política, pero nadie desconoce que en la mayoría confluyen los intereses correístas (representados por Juan Javier Dávalos) y socialcristianos (a través de la presidenta Almeida y de la consejera Ibeth Estupiñán). A ellos se suma el vicepresidente David Rosero, de la izquierda maoísta de toda la vida. Su objetivo: repartirse los organismos de control.

El espectáculo de un maoísta hablando en el oído de una socialcristiana es impagable. En la comparecencia de los consejeros ante la Comisión de Fiscalización se convirtió en un tema de molestia general. “No es que quiera perturbarle, pero le escucho más a usted que a la presidenta”, se quejó Villavicencio a Rosero, que se había sentado a la izquierda de Sofía Almeida y no dejaba de soplarle las respuestas. “Por favor déjele responder, creo que ella es capaz”, le rogó tres veces el asambleísta Pedro Velasco. Así hasta el bochornoso (por lo colegial) pedido del presidente: “¿Puede cambiarse de puesto? Respétenos”.

Lo primero que quedó establecido (y aquí Villavicencio hizo leer el artículo respectivo de la Constitución) es que el defensor del Pueblo debe tener “una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos”. Y resulta que a César Córdova se lo conoce por su dedicación al derecho aduanero. No le hace. Almeida tuvo la soltura de huesos de inventarse: dijo que el recién designado funcionario había auspiciado “más de 300 casos en defensa de los trabajadores, casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos en defensa de la mujer...”. Fue Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión, quien se dio el trabajo de verificar inmediatamente esa información. Y de esos “más de 300 casos” no encontró ni rastro. El último caso patrocinado por Córdova que consta en el archivo digital de la Función Judicial es un registro de contrato de arrendamiento en 2015. Antes de eso, otro igual en 2014. Y antes, otro igual en 2013. Y así...

Pillada en la mentira, Almeida arriesgó una salida por las ramas: la amplia experiencia, dijo, puede ser práctica o académica. Y despachó una lista envidiable de títulos de posgrado, incluyendo una maestría en derechos humanos. ¿Verificaron los documentos que certificaban esos títulos?, le preguntaron. “Yo lo hice”, respondió. Y también era mentira. En el registro del Senescyt no consta ninguno. De haberlo verificado no los habría encontrado.

Por ese camino, fue el consejero Rosero, quien alcanzó la cota más alta de ridículo: “Se ha señalado -dijo- la experiencia del doctor Córdova en el sector aduanero. Yo pregunto: ¿acaso dentro del catálogo de derechos humanos no existe el derecho del consumidor, es decir, que los productos de la exportación y la importación de bienes obviamente se requiere que eso vaya con calidad al consumidor final, que es el derecho al consumidor que también defiende la Defensoría del Pueblo?”.

De ahí en más, todo fue para peor: quedó claro que en la designación había un conflicto de intereses, pues César Córdova había sido secretario del CPCCS (es decir, subordinado de los consejeros) hasta hace un par de meses, y dejó ese cargo precisamente con la perspectiva de ser nombrado defensor encargado. No, no hubo otras carpetas; al menos la presidenta no pudo nombrar a ningún otro aspirante. En cuanto al procedimiento de designación, los consejeros de minoría Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo denunciaron que no se les envió la información sobre el postulante y ni siquiera se les permitió tomar la palabra en la sesión para mocionar una alternativa. “La presidenta maneja esto como una hacienda”, dijo Rivadeneira.

En eso llegó el asambleísta socialcristiano Luis Almeida, tío de la presidenta... Y se hizo el delirio. Empezó con un tratado de filosofía de bolsillo para andar por casa: “Los derechos humanos -dijo- son la gran obra de redención humana. No se hace solamente desde un título, de tener un título de Derecho Constitucional, donde hay redención humana y derechos humanos. Todo es humano, todo tiene relación con el ser humano, lo importante es el ser, quién es y quién no es, quién hace bien las cosas y quién debe hacerla bien o mal las cosas”. Y terminó con una apología de su sobrina: “Es una mujer de acción, una mujer que fue formada debidamente para hacerle bien al país”. Tanto fue el bochorno que la también socialcristiana Soledad Diab, integrante de la comisión, tomó distancias: “El asambleísta Almeida no ha aportado con nada”, indicó. Y pidió que no se tome en cuenta lo que dijo.

Solo el correísta Roberto Cuero arriesgó su apoyo a los consejeros de mayoría: “Así como el señor Vanegas tiene la potestad de haber retirado una queja en contra del presidente de esta comisión, está en su derecho; asimismo, el Consejo de Participación está en su derecho de haber tomado la decisión como la tomó”. Una lección de derecho público.

De todo esto queda una certeza que nadie puso en duda: el designado defensor del Pueblo César Córdova es una buena persona. Hasta los consejeros de minoría que se opusieron a su nombramiento lo adoran. Es conciliador, es generoso, es honrado. Y ahí se refugió por último la mayoría: en su honradez. Pues lo que alguna vez era un mínimo indispensable para ejercer el servicio público, ahora parece haberse convertido en su razón suficiente. Basta con que sea honrado para que deba ser designado. Luego, algún día, se elegirá un defensor titular y entonces, solo entonces, “ahí sí”, en felices palabras del consejero correísta Juan Javier Dávalos, será nombrada “la persona más capaz”.

PRÒXIMO OBJETIVO, LA CONTRALORÌA. Después de la Defensoría del Pueblo, ¿la Contraloría? Al menos así lo denuncia la consejera de minoría del CPCCS María Fernanda Rivadeneira. Según ella, esta alianza entre el correísmo, el socialcristianismo y la izquierda maoísta ha logrado controlar la comisión técnica que elabora el reglamento para la elección del contralor. Por el momento, ya han eliminado la prueba práctica: el mismo procedimiento mediante el cual se eligió a Carlos Pólit.