El chantaje al que la correísta Sofía Espín intentó someter a Ximena Peña, coordinadora del bloque del gobierno en la Asamblea, en un desesperado intento por mantenerse en el cargo, fue infructuoso. Y la consecuencia resultó devastadora: se rompió el pacto de silencio que mantenía el sistema político nacional, aunque sea, pegado con saliva.

“Si no paran esta votación se van a quedar sin vicepresidenta”, le había dicho Espín según el relato que Peña hizo al periodista Paúl Romero, de Ecuavisa. Él fue quien descubrió la movida al revisar las imágenes grabadas ese martes 13 de noviembre. Entre las revelaciones de esta semana intensa, que comenzaron con la publicación por Teleamazonas de la denuncia de Ángel Sagbay contra la vicepresidenta, por cobros indebidos, y terminaron con el hallazgo de movimientos financieros por 1,2 millones de dólares en las cuentas de Vicuña (todo un escándalo descubierto por el medio digital Código Vidrio), el reportaje de Romero es quizás el más significativo: es verdad que no aporta dato concreto alguno sobre los casos de corrupción en debate pero revela, en cambio, todo un modelo de conducta política en su torno. Un modelo de conducta que incluye la naturalización de la extorsión y el cohecho, la práctica del encubrimiento mutuo y el pacto de silencio.

Como el pacto se rompió, la vicepresidenta cayó en desgracia. Si Espín salvaba su cargo (es decir, si le resultaba el chantaje) Vicuña se encontraría cómoda en el suyo, promocionándose por todo el territorio con ‘jingle’ incluido. Contra la disposición constitucional que obliga a todo funcionario público a denunciar cualquier acto de corrupción que llegue a su conocimiento, la propuesta de Espín era muy clara: si ustedes callan, yo callo. El tema es que esta conducta (la del silencio a cambio de algún rédito) no parece una excepción, sino una regla. También Vicuña guardó silencio durante mucho tiempo sobre las extorsiones de que, según ella, estaba siendo objeto por parte de su acusador, que le exigía cargos públicos. Debió denunciarlo, pero algo se lo impedía: ¿el rabo de paja?

Silencio guardaron Ximena Peña y su bloque, que ese martes 13 se enteraron, por boca de Sofía Espín, de la pornografía financiera de la vicepresidenta Vicuña. No solo callaron: previnieron a la implicada, no a los jueces. Silencio guardaron, también, los correístas que acompañaron a Espín en su aventura. Y, llegado el momento de hablar, en lugar de hacerlo frontalmente lanzaron sibilinas, sinuosas acusaciones. Dijeron sin decir. No vaya a ser que todavía se pueda negociar alguna ventaja de la información que dicen poseer.

Había que oír a Marcela Aguiñaga, minutos después de la destitución de Espín, lanzando lodo a otros asambleístas de quienes parecía tener información privilegiada que prefirió reservarse. Arteaga, Suquilanda, Auquilla, Palacios... A su lado, componiendo una sonrisa cínica, la cesada Espín le iba lanzando los nombres. Se retorció visiblemente del gusto cuando le soltó el más importante: Elizabeth Cabezas. Y Aguiñaga, bien mandada: “Si es el momento del baño de verdad -dijo- que sea a todo nivel, comenzando por la presidenta”. Una de dos: o los correístas tienen información comprometedora sobre Cabezas o no la tienen. Si lo primero, ¿por qué no la comparten? Si lo segundo, ¿por qué amagan? Juegan a que la tienen pero se la reservan. Negocian con ello y lo hacen públicamente, sin sonrojarse siquiera.

Es la naturalización de la extorsión y el cohecho, de la práctica del encubrimiento mutuo y el pacto de silencio. Diez años de correísmo les enseñaron que todo eso es normal. Esta semana, un tuit del excorreísta Christian Viteri recordó que era el mismo presidente quien exigía a sus asambleístas, “Power Point en mano”, el pago de los diezmos. Si esto es verdad, lo que se sabe y se calla, lo saben y lo callan todos: correístas y oficialistas por igual, por no hablar de legisladores de otros bloques que copiaron esta práctica. Este escándalo recién empieza. Y todavía faltan los ministerios, prefecturas, municipios y otros organismos públicos que controló Alianza PAIS, el gran recaudador de la patria.

Medio millón al año solo en la Asamblea

Si cada asambleísta entregaba 400 dólares mensuales a PAIS, tal como dice Christian Viteri que exigía Rafael Correa, lo recaudado sería 480 mil anuales durante la legislatura de Gabriela Rivadeneira, cuando tenían un bloque de cien legisladores. Lo que demuestran los casos ya conocidos (Norma Vallejo, María Alejandra Vicuña) es que a los 400 obligatorios cada asambleísta añadía recaudaciones extras para engrosar sus ingresos.

Lo demás ocurrió en ministerios, municipios, empresas públicas... En una ciudad altamente burocratizada como Quito, los diezmos en las oficinas públicas eran un secreto a voces y afectaban por igual a afiliados del movimiento de gobierno como a no afiliados. ¿Cuánto recaudó PAIS con todo esto? Súmese los 18 millones que el CNE le entregó en diez años. Y, sin embargo, como reveló revista Vistazo a principios de año, el partido le debía a todo el mundo: al IESS, al SRI, a sus proveedores. ¿Qué hicieron con tanta plata?