Un ‘trofeo’ que se les escapa de las manos. Este 29 de septiembre, el correísmo falló en su segundo intento por impedir que Patricio Carrillo llegue a la Asamblea. El primero fue cuando impugnaron la inscripción de la candidatura del extitular del Ministerio del Interior.

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La jueza de tránsito de Quito, Sara Isabel Jiménez, negó la acción de protección con medidas cautelares presentada por Jhajaira Urresta, asambleísta electa de la Revolución Ciudadana. Con esto, el correísmo pretendía impedir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue las credenciales a Carrillo.

Sin embargo, haber sido favorecido, según explica el exjuez de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo, no le da la razón a Carrillo: “Él no tenía impedimento para ser candidato, pero no podrá posesionarse. La ley dice que no podrá ejercer cargo público por dos años”.

Que Carrillo logre asumir su curul por alguna “leguleyada” judicial, según continúa, sería un precedente peligroso para la institucionalidad del Estado. “Es decir que cualquier funcionario censurado y destituido por la Asamblea va a poder coger un nuevo cargo, ser ministro o cualquier otro cargo”, dice.

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Del mismo modo, Mauricio Alarcón, juristia y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala que, más allá de ser una presunta victoria para Patricio Carrillo, el recurso negado por la jueza de Quito es un freno al abuso de las acciones de garantías constitucionales del cual el correísmo se quiso valer.

Asimismo, no descarta que la Revolución Ciudadana explore más vías para intentar frenar la posesión del exministro Carrillo. “Podrán seguir haciendo más intentos como este, habrá que ver con qué salen. Más allá de si tengan la razón, esto es un abuso del derecho”, acota.

La insistencia del correísmo con Patricio Carrillo, según analiza la exasambleísta Wilma Andrade, más que por querer respetar el ordenamiento jurídico del país, está relacionado con las relaciones y antecedentes que representa el extitular del Ministerio del Interior para los intereses del correísmo.

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“Hay que recordar que Carrillo fue comandante de la Policía Nacional en el gobierno de Lenín Moreno (tildado de traidor por el correísmo), ministro del gobierno de Lasso y candidato electo por el movimiento Construye, liderado por la exministra María Paula Romo”, señala.

Estos antecedentes, según sigue Andrade, marcan que “todo este tema es político” y que, independientemente de la inhabilidad de Carrillo para ejercer un cargo público, impedir que asuma su curul se ha vuelto un simbolismo de victoria para los integrantes del movimiento Revolución Ciudadana.

Pese a estas consideraciones, Ramiro García Falconí, jurista que asumió la defensa de Carrillo en los casos que pretendan impedir que asuma como asambleísta, sostiene que no hay nada que impida que el exministro obtenga sus credenciales y sea posesionado como legislador.

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“No veo ninguna imposibilidad. Todo lo contrario, tiene vía abierta, según la Convención Americana de Derechos Humanos”, dice y sostiene que no han tenido la necesidad de consultar el tema al órgano electoral.

Incluso, señala que la propia normativa interamericana dicta que la única forma de inhabilitar los derechos políticos de una persona es por una sentencia condenatoria penal, algo que el correísmo no ha conseguido.

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