La cooperacion eficaz
EXPRESO ha sostenido que “lo que ocurre en la República es el resultado del trabajo sistemático de una alianza para delinquir que, con innegable habilidad, logró tomar por asalto la maltrecha institucionalidad nacional, aprovechando su debilitada condición ética, para ponerla al servicio de una asociación a la que se puede calificar de mafiosa, dada su estructura, sus procedimientos y sus fines”.
No es grato consignar que el país ha estado gobernado por una “asociación para delinquir” que incluso se atrevió a elaborar una Constitución de la República que, revestida por una mezcla de novelerías confitadas con determinados avances ideológicos en temas del interés de todos, como la protección del medioambiente, suspendió procedimientos que intentaban controlar las tentaciones de realizar actos de corrupción, tal cual el informe previo de la Contraloría, fomentando de ese modo su cometimiento, garantizando además impunidad a partir del sometimiento de la administración de justicia y de las otras funciones, bajo el criterio de que, precisamente la Constitución le otorgaba al presidente la condición de jefe del Estado y, por tanto, jefe de todas sus funciones.
Así, no es raro que también en el Código Penal Integral se haya introducido la figura de la denominada cooperación eficaz, que podría significarle a quienes a ella se acogen, si contribuyen con su información al descubrimiento de esquemas de delito y sus responsables, disminuciones de sus posibles penas de hasta un 90 %.
Sin duda, amplio margen es un 90 % como para que lo que se negocie deje de ser la búsqueda de la justicia y más bien constituya un claro asunto de carácter político, al gusto y conveniencia de la coyuntura, esto es, de quien manda. Y, claro está, también otro amplio cauce para la impunidad selectiva, bien de quien se acoge a la cooperación eficaz o de quien podría ser perjudicado por ella. En cualquier caso, nada parecido a la justicia.
En situaciones como la descrita, tiene razón el país en exigir de sus actuales gobernantes y de las autoridades de control, que se constituyan en paradigmas de ejemplaridad pública. No puede admitirse que frente a todo lo aquí señalado y más, mucho más, en el partido de gobierno se intente reducir el asunto a un malentendido, solucionable con un viaje a Bélgica.
