Tres años después del cese de operaciones de la pesca de arrastre, que disminuyó tensiones y rutinarios enfrentamientos con el segmento pesquero artesanal, el conflicto parece reactivarse. El detonante: la acusación a 25 pescadores artesanales de asaltar un barco industrial originario de Posorja, provincia del Guayas.

El suceso ocurrió el pasado 18 de julio en el Archipiélago de Jambelí, en la provincia de El Oro, lo que llevó a la detención de los 25 sindicados, entre los cuales figuraban 2 menores de edad, y la retención de 10 fibras de vidrio.

De acuerdo con la denuncia, el hecho delictivo se habría registrado mientras la nave tenía sus redes en el agua. El parte oficial sostiene que la tripulación presuntamente atacó la embarcación, rompiendo las redes para consumar el hecho.

Mariana Benites, presidenta de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro, que agrupa al menos a 7 mil pescadores, defiende a los acusados y expresó que ellos no son delincuentes.

Insiste en que las investigaciones canalizadas “no respondieron a la realidad” y más bien acusa al bolichero (barco industrial) de contravenir el acuerdo ministerial 114 y el reglamento general que prohíbe su incursión dentro de las 8 millas de reserva asignadas a los pescadores artesanales.

Los acusados por los dueños del barco de arrastre reclaman la devolución de sus equipos y embarcaciones, retenidas en la sede del Comando de Guardacostas Sur por efectivos de la Armada Nacional.

Sobre el tema, la dirigencia de la Red Copesarte, con sede en Puerto Bolívar y que agrupa a 22 organizaciones formadas por 1.150 miembros del perfil costero orense (Puerto Bolívar, La Puntilla, Bajo Alto, Jelí, La Pitahaya y Hualtaco), emitió un pronunciamiento de respaldo a los acusados ya liberados y dijo que “la lucha entre los grandes y los chiquitos” se reactiva.

Los dirigentes señalan que el recientemente creado Ministerio de Acuacultura y Pesca no está actuando ceñido a la ley y que a la hora de aplicar sanciones “duda para actuar en contra del sector pesquero industrial”, pese a la existencia de al menos 140 informes en el departamento jurídico que confirman violaciones a la ley y al acuerdo que prohíbe la pesca de arrastre en el área asignada a los artesanales.

Este Diario buscó a los representantes de los industriales, pero no obtuvo respuesta.