Comics para enfrentar la censura en Venezuela
Prohibición. Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, denunció que el gobierno le prohibió salir del país ayer cuando iba a viajar para Europa.
Rafael Uzcátegui es el coordinador de la organización venezolana de derechos humanos Provea, una de las más antiguas y visibles. Aunque su causa es apoyar jurídicamente a sectores vulnerables y documentar y denunciar los abusos de poder, han tenido que incluir entre sus labores lo que se supone que debería hacer la prensa de esa nación.
Uzcátegui, de paso en Bogotá en un encuentro del centro de estudios De Justicia que reunió a activistas, habla acerca del reto de enfrentar la censura en Venezuela.
Este año, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, han sido cerrados 49 medios de comunicación. En menos de dos semanas, los canales colombianos Caracol y RCN han sido eliminados de las emisiones televisivas por suscripción de Venezuela y las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM salieron del aire por decisión del régimen venezolano. “Las dificultades te obligan a actuar. Hay hegemonía y censura en la prensa local y eso nos ha impulsado a buscar otras formas de informar”, dice Uzcátegui. El activismo digital, a pesar de que no hay buen Internet en Venezuela, ha mostrado a una generación que no se quiere quedar callada. “En abril, cuando empezó el ciclo de protestas, un grupo de jóvenes quería contar lo que estaba pasando, pero le daba miedo hacerlo con su nombre, por lo que nos pidió ayuda para difundir los cómics”, cuenta. Desde entonces trabajan en equipo para contar lo que ocurre en Venezuela.
La creatividad y la falta de opciones también han impulsado a que un grupo de periodistas haga adaptaciones de los noticieros dentro del transporte público. WhatsApp también ha sido útil para hacer lo que algunos medios tradicionales no pueden. Varios locutores se han unido para grabar diariamente un informativo y ponerlo a circular por chat. Se han aferrado a Internet porque es lo único que les queda. “Nos gustaría imprimir volantes, pasar de lo digital a lo analógico para llegar a sectores que no tienen herramientas interactivas, pero la crisis económica lo impide”, lamenta el director de Provea, que en su visita a Colombia denuncia el miedo que se vive entre defensores de derechos humanos en su país.
La Asamblea Nacional Constituyente tramita una ley para castigar los crímenes de odio y a través de esta muchos temen ser perjudicados, así no haya pruebas. Los medios oficiales han acusado a Provea de fomentar ese tipo de crímenes después de que lanzaron el proyecto ‘Nombre y vergüenza’, que documenta con foto e identificación a los violadores de derechos humanos en Venezuela.
“Somos una organización en riesgo. Hemos tenido que instalar cámaras de seguridad, cambiar nuestras rutinas diarias. “Estamos en un momento de incertidumbre. Sentimos el riesgo a que haya restricciones a la cooperación internacional, acciones judiciales contra la organización, más intimidaciones”, advierte.
