Contratar el servicio de lectura y emisión de planillas para la facturación del consumo de energía en Guayaquil, considerado una parte sustancial de su salud financiera, se ha convertido en un enrevesado proyecto para la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

No ha sido fácil para la entidad disponer de esa prestación para la unidad de negocio de la urbe porteña, donde tiene unos 615.000 clientes y se factura aproximadamente $ 17 millones mensuales por venta de electricidad.

Desde el 2000, la entidad ha convocado tres procesos de contratación. Los dos primeros fueron declarados desiertos, y el último, cuya fecha para la adjudicación era el pasado 12 de febrero, fue suspendido la semana pasada.

En estos dos últimos años, el servicio de lectofacturación para Guayaquil lo suministra el consorcio Proyelect Holding, asignado directamente por CNEL sin mediar un contrato formal, y que se devenga a través de convenios de pago mensuales. La empresa pública ha evitado revelar los montos que ha pagado a ese prestador, cuando este Diario lo ha solicitado.

Para la última licitación se negociaba un contrato con un presupuesto referencial de $ 4’409.440, para un servicio por dos años. A casi tres meses de trámite precontractual, los cuestionamientos surgidos tras la calificación de ofertas, llevaron a interrumpir el proceso.

CNEL informó a EXPRESO que se lo suspendió por disposición del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), “por reclamo presentado por oferentes que tienen interés directo en el proceso de contratación”. La notificación del Sercop llegó el pasado 4 de marzo. La Corporación menciona que deberá presentar ante ese organismo los justificativos y argumentos técnicos que permitan continuar con el proceso de adjudicación.

Cinco ofertantes presentaron sus propuestas: los consorcios Lecto GYE, Guayaquil y Lecto, y las empresas Asistecom y Marsed. De todos ellos, solo el consorcio Guayaquil cumplió con los requerimientos exigidos por CNEL, según se detalla en el acta de calificación publicada en el portal de Compras Públicas.

Dos de los descalificados, las empresas Asistecom y Marsed cuestionaron los resultados y sus representantes presentaron reclamos a la entidad contratante y al Sercop. Ambas empresas tuvieron incumplimientos en cuanto a equipo mínimo y experiencia mínima del personal técnico, según el acta de calificación.

Christian Herrera, abogado de Asistecom, señala a EXPRESO que dichos parámetros pudieron ser aclarados en el proceso de convalidación de errores, de conformidad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, “etapa que nunca se consideró dentro de la licitación”.

Para el abogado, resulta contradictorio que la Corporación no evalúe con objetividad las ofertas, “pese a que su representada ofertó el menor precio para el proceso licitatorio y el oferente que intentan adjudicar presentó uno de los más altos precios”.

Marcelo Secaira, gerente general de Marsed, asegura a este Diario que los certificados que presentaron a CNEL son válidos.

El empresario lo ve como una “descalificación intencionada” y hace una advertencia. “Nos reservamos el derecho de tomar las acciones legales pertinentes. Ellos están a tiempo de rectificar el error”.

Desde el 4 de marzo, la Corporación tenía 7 días para desvirtuar ante el Sercop el contenido de los reclamos presentados en este proceso.

De declararse desierto el actual procedimiento, ¿CNEL continuaría con los convenios de pago para la lectofacturación? La empresa pública responde que es su responsabilidad mantener y garantizar la toma de lectura y entrega de planillas a sus clientes. “Por lo tanto, se revisará jurídicamente la viabilidad y continuidad del convenio”.