Los privados de la libertad del país pudieran recibir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al menos esa es la aspiración del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Quito. Ese colectivo remitió un pedido a la CIDH por considerar que la población privada de la libertad del Ecuador se encuentra en una situación de riesgo debido a los motines violentos que se saldaron con más de 80 asesinatos y decenas de presos heridos.

Aunque la aparente calma regresó a los centros, el temor por nuevas jornadas de violencia no se ha alejado. Sobre todo en los defensores de los Derechos Humanos.

David Cordero, uno de los peticionarios, señala que la solicitud apunta a la presentación de información consolidada sobre el número de personas asesinadas en los centros de rehabilitación y el estado de las investigaciones de dichos delitos.

Habla de la elaboración de una política integral urgente sobre el sistema carcelario que ataque a problemas como la sobrepoblación carcelaria, hacinamiento, abuso de la prisión preventiva, aplicación de principios de derecho penal mínimo, incluidas las penas alternativas en delitos cometidos sin violencia.

Añade la contratación inmediata del número suficiente de guías penitenciarios de acuerdo a estándares de seguridad internacionales, ‘humanizar’ la cárcel, incrementar el número de visitas a dos o tres días a la semana, con contacto físico y convivencia con las personas privadas de la libertad.

También menciona que se debería permitir a las organizaciones de defensores de derechos humanos ingresar a las cárceles para constatar la situación de los presos.

Según la comunicación remitida a la Cancillería, el Estado debería entregar a la CIDH en cinco días sus observaciones sobre las medidas cautelares, información sobre la situación de los presos de las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi, las acciones que estaría tomando el Estado para proteger los derechos de los presos, el control de las cárceles y las acciones para prevenir la repetición.

EXPRESO consultó a la Cancillería y al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) sobre el pedido. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

A raíz de los actos violentos atribuidos a bandas delincuenciales que se disputan el control de las cárceles, 2.000 militares reforzaron la vigilancia, el control de armas, municiones y explosivos.

En Cotopaxi los comandos de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria efectúan operaciones militares de seguridad en los exteriores de la cárcel.

Mientras tanto que el Sistema de Emergencias ECU-911 indicó que brindará información confidencial de fallecidos y heridos a sus familiares.

El detalle

Amenazas. La semana anterior circularon panfletos atribuidos a bandas delincuenciales que anunciaban más violencia.