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La expresidenta Sofía Almeida en una sesión del pleno del Consejo de Participación.Archivo

La CIDH admite a trámite denuncia de Sofía Almeida por su destitución del CPCCS

Sofía Almeida y el resto del pleno del CPCCS liderado por Hernán Ulloa fue destituido en 2023 por la Corte Constitucional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite este 18 de abril de 2024  la denuncia que Sofía Almeida, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presentó en contra del Estado ecuatoriano por su destitución del cargo, en 2023.

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En enero de 2023, Almeida y el resto del pleno del CPCCS presidido por Hernán Ulloa fue destituido por decisión de la Corte Constitucional. Según la Corte, incurrieron en un "incumplimiento deliberado y sistemático" de su dictamen que disponía la "célere" selección y designación del presidente del Consejo de la Judicatura, que proviene de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.

"Vemos ahora como la justicia se ha manejado políticamente todo este tiempo y tanto daño que ha hecho al país", reaccionó Almeida a través de cuenta de X (antes Twitter) sobre el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En el documento compartido por Almeida se puede leer que la CIDH remitió la denuncia al gobierno ecuatoriano para que, en un plazo de tres meses prorrogables hasta cuatro, para que presente sus observaciones, en caso de tenerlas.

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La extitular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, persiste  en que su destitución del cargo fue ilegal y que, incluso, respondió a presiones políticas durante el régimen del expresidente Guillermo Lasso.

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"La Corte Constitucional actuó de manera política, a pedido del gobierno de Lasso, al culparme de supuestamente no haber cumplido con la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, cuando demostré que al contrario (...)", señaló Almeida.

Incluso señala que "luché contra 4 ex consejeros que impedían la designación hasta lograr que se envíe en la terna a quien ellos y el gobierno quisieran. En una clara intromisión en otra función del Estado (Transparencia y Judicial)".

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Almeida dice que esa fue la tónica en el régimen de Lasso, quien habría tenido interés de designar al titular de la Judicatura, al contralor general y al superintendente de Bancos. "(Esos) fueron justamente los intereses del gobierno anterior que causaron presiones y mi remoción de presidenta, para lograr sentar a personas afines a ellos como autoridades de control", acota.

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