Christian Paula: “No hay decision politica de tomar en serio los derechos de LGBTI”

Tiempos agitados para la Corte Constitucional y la comunidad LGBTI. La sentencia de la semana pasada desencadenó un debate sobre su inconstitucionalidad y la aprobación en vías a la igualdad de las personas. El presidente de Pakta, que ha llevado ocho de los trece casos de matrimonio civil igualitario en el país, analiza cómo se fraguó una decisión histórica.

- ¿Cuál es la misión de la Fundación Pakta en temas LGBTI?

- Es una organización que nace en 2016 y jurídicamente un año después. Pakta brinda asesoría jurídica a la población LGBTI cuando sufre casos de discriminación y violencia que son basados en la orientación sexual e identidad de género.

- En cuanto la matrimonio civil igualitario, ¿cómo actúa?

- En este aplica un litigio estratégico que está enfocado en casos jurídicos que permiten cambiar realidades globales. Por ejemplo, el matrimonio igualitario nos convoca no solo a los estrados, sino a tener estrategias políticas, académicas, judiciales, comunicacionales... y así construir frentes que salgan del juzgado y generen discusión pública y social respecto a los temas de los que queremos que la gente hable. Otro ejemplo es el caso de Amada, una niña trans. La resolución de uno de estos casos nos permite garantizar la vida de muchas personas en la misma situación.

- ¿Cuántos casos de vulneración de derechos LGBTI registra la fundación hasta hoy?

- Aparte de los temas de matrimonio igualitario, tenemos alrededor de 30 casos abiertos de vulneración de derechos: tenencia de niños, despidos, delitos de violencia, disoluciones de uniones de hecho...

- ¿Cuándo fue la primera vez que llegó a Pakta un caso de matrimonio igualitario?

- No nos llegó. Nosotros buscamos a esa pareja, amigos que están unidos de hecho. Les dijimos que se había publicado la Opinión Consultiva 24/17 y que eso nos iba a permitir cambiar la sociedad, que nos quieren dar una mano; entonces, los héroes y heroínas (de Pakta) escondidos son esas 16 personas, muchas tienen hijos, que decidieron sumarse. Lo comenzamos con ellos y ellas.

- ¿Cuál fue la estrategia con esas ocho parejas?

- No hacerlas mediáticas; de hecho, los casos de Pakta no eran conocidos. Quisimos ir en silencio y, al llegar a la Corte Constitucional, abrir la problemática. Si no, ir al sistema interamericano de derechos humanos. Con la suerte de los jueces que nos tocaron, suben los casos de Efraín y Javier y Carlos y Rubén. Otros dos fueron rechazados en apelación en segunda instancia, y en algunos ya colocamos la acción extraordinaria de protección; estos subieron a la Corte y estamos esperando respuesta.

- ¿De los casos que patrocina Pakta, cuántos han sido admitidos por la Corte Constitucional?

- Solo los dos que ya fueron resueltos con fallos favorables. Pero estos no entraron por acción directa de Pakta porque son consultas de norma. En la primera, la Corte Provincial de Pichincha preguntó la aplicación de la Opinión Consultiva 24/17 (el caso de Efraín y Javier). En la segunda, la jueza Gabriela Lemos elevó la consulta a la Corte Constitucional sobre la Ley de Gestión de la Identidad y del Código Civil (el caso de Rubén y Carlos).

- ¿Por qué lo hicieron?

- Tenían dudas razonables. Y porque necesitaban de la Corte Constitucional una interpretación competente. Es el órgano de la competencia adecuado y eficaz de nuestra Constitución.

- ¿Qué ocurrió luego con el caso que llevaba la jueza Lemos?

- Tras elevar la consulta, la Corte Constitucional no cumplió con el plazo de 45 días que tenía para emitir una resolución, pasó el tiempo, se posesionó una nueva Corte y la jueza Lemos decidió aceptar el matrimonio civil igualitario. Por eso, cuando fue la audiencia del segundo caso (Rubén y Carlos), ella explicó por qué había subido a consulta y por qué había decidido a favor.

- ¿Es decir que Ecuador ya había aprobado el matrimonio civil igualitario tiempo atrás?

- Claro, en el primer trimestre de 2019. Pero el Registro Civil apeló esa sentencia y por eso pasó a segunda instancia. Aunque realmente cuatro jueces de primer nivel concedieron el matrimonio igualitario en el Ecuador (de los 13 casos que ahora existen).

- De vuelta a los casos resueltos, ¿fue una sorpresa para la fundación avanzar en el tema?

- La notificación del caso de Efraín y Javier nos llegó en marzo de 2019 (...) caímos en desespero porque no imaginamos llegar tan rápido a la Corte Constitucional.

- ¿Cómo va a funcionar la sentencia emitida por la Corte Constitucional?

- En la fantasía de los abogados no constitucionalistas ya se podría, porque la sentencia, en los primeros dos artículos, nos da interpretaciones generales de la norma. Dice: ‘La Opinión Consultiva 24/17 se entiende parte de la Constitución y tiene que aplicarse’. En una segunda parte dice: ‘No solo el matrimonio igualitario es por la Opinión Consultiva, sino también porque a la Constitución hay que leerla de manera completa’.

- ¿Cómo respalda la Constitución al matrimonio igualitario?

–Esta habla del principio de no discriminación en muchas partes. Entonces, lo que dice la sentencia es que el matrimonio igualitario no debe limitarse a la literalidad del segundo párrafo del artículo 67, sino que debe entenderse que (la unión entre hombre y mujer) es un ejemplo de matrimonio, pero que hay otro ejemplo con parejas del mismo sexo.

- ¿Por qué surge la Opinión Consultiva 24/17?

- Costa Rica hizo las preguntas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre identidad de género y derecho de familia para parejas del mismo sexo. En la respuesta a esas preguntas se emitió la Opinión Consultiva (...) y antes que el matrimonio igualitario, Ecuador ya utilizó la opinión en el caso Satya, y se dijo que era vinculante para el país.

- ¿Enfrentarse a la Asamblea Nacional para que reconfigure los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley de Gestión de Identidad sería viable?

- Esperamos que la Asamblea con esta decisión trascendental cumpla su tarea, porque ya serían tres sentencias en las que la Corte ordena generar las reformas apropiadas para las garantías de los derechos y nada. Es realmente una burla. No hay una decisión política de tomar en serio los derechos LGBTI. Si esta vez no cumple, nos tocará ir otra vez a la vía judicial.

- ¿Podría esta sentencia generar reacciones violentas en la sociedad?

- Años atrás, consta en el informe de la Comisión de la Verdad, que existía limpieza social, tortura, desaparición. Después, en el proceso de la despenalización de la homosexualidad, hace 22 años, pasó lo mismo. La violencia y la discriminación han sido una constante (...) a la gente le va a costar, pero finalmente lo va a tener que aceptar.