Fernando Villavicencio pagó la novatada y Guadalupe Llori se ensañó con él. El presidente de la Comisión de Fiscalización había hecho notar la inconveniencia de que la presidenta de la Asamblea se gastara 360 mil dólares de fondos públicos en la compra de seis carros de lujo no presupuestados. Con la sangre en el ojo, ella aprovechó la primera oportunidad para cobrársela. No tuvo que esperar mucho: al día siguiente se vencía el plazo para que Fiscalización entregara el informe sobre el juicio político contra el excontralor Pablo Celi y lo incumplió. La secretaria de la Comisión asumió la responsabilidad y presentó la renuncia, pero Llori ya estaba a la carga contra Villavicencio: le dijo “negligente”, insinuó que tenía algún secreto interés en detener el juicio y se presentó como la adalid de la lucha contra la impunidad. Ahora el Pleno de la Asamblea conocerá no el informe de la Comisión de Fiscalización, sino un expediente con las posiciones individuales de cada uno de sus integrantes; no porque Llori así lo quisiera, sino porque eso dispone con claridad la ley de la Función Legislativa en caso de demora. Lo cierto es que los nueve miembros coinciden en casi todo y recomiendan lo mismo: enjuiciamiento y censura.

Esas son las apariencias, claro, y hay que mantenerlas. Pero cuando se trata de tener a Pablo Celi defendiéndose ante el Pleno y hablando de cosas tan incómodas como el desvanecimiento de glosas, la procesión de los legisladores va por dentro. En el caso Las Torres, que se ventila en los tribunales, la fiscal Diana Salazar aprendió por las malas que al contralor le debe favores medio mundo. Parece que en la Asamblea las cosas no son muy diferentes y el mismo Celi lo dejó claro cuando compareció ante la Comisión de Fiscalización a presentar sus pruebas de descargo. Explicó en aquella ocasión, a propósito del desvanecimiento de glosas, que “entre los asambleístas hay muchos que se han acogido a este derecho”. Quiso Villavicencio saber de quiénes estaba hablando pero el excontralor prefirió no decirlo: que lo hará a su debido tiempo, adelantó, como quien se guarda un as bajo la manga. Solo cuando Marco Troya, representante de Los Ríos por el Movimiento Ecuatoriano Unido y miembro de la Comisión, le preguntó si recibió presiones para desvanecer glosas, fue más específico Celi: “No me corresponde a mí -dijo- dar una gradación a diálogos que de manera normal se dan entre autoridades. Incluido usted, señor asambleísta, que en varias ocasiones conversó conmigo sobre procesos en la Contraloría”.

Ese es el encanto del juicio político a Pablo Celi: los rabos de paja. Normalmente, cuando la Asamblea procesa a un funcionario que ya ha renunciado, el interés político decae. No es el caso: hay tantas estrategias, tantos intereses y tantas posibles consecuencias relacionadas con el juicio político al excontralor, que lo que ocurra esta semana en el salón plenario no dejará indiferente a nadie.

Para empezar está la estrategia del correísmo, de cuyas filas proviene nada menos que el asambleísta interpelante: Juan Cristóbal Lloret. Él presentó seis cargos en contra de Pablo Celi pero, a juzgar por el tiempo y la energía que les dedicó en el momento de exponerlos ante la Comisión de Fiscalización, es uno el que de verdad le importa: arrogación de funciones. Argumenta Lloret que, antes de renunciar, el contralor del correísmo Carlos Pólit había depuesto a Celi del cargo de subcontralor, razón por la cual no le correspondía a él subrogarlo. La cosa se complica porque el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, cuyas decisiones fueron blindadas por un fallo de la Corte Constitucional, ratificó a Celi como contralor subrogante. La intención del correísmo, que Lloret admite abiertamente en su documento de formulación de cargos, es desconocer todo lo actuado por la Contraloría desde el 21 de junio de 2017 hasta la fecha, nada menos, lo cual crearía un caos institucional y judicial que sería de gran beneficio para los suyos. Desvanecería, sobre todo, la sentencia del caso Singue, que afecta nada más y nada menos que a Jorge Glas y Wilson Pástor, entre otros.

Si las bancadas en el Pleno son consecuentes con la posición demostrada por sus representantes en la Comisión, esa estrategia ya se desmoronó: no hubo un solo integrante no correísta de Fiscalización que ratificara como válida esa causal de destitución. La tesis de la arrogación de funciones podría ser el primer paso para desconocer las actuaciones del CPCCS de transición (incluidos los nombramientos de fiscal y de jueces constitucionales) pero, sobre todo, acarrearía una contradicción insoluble: si Pablo Celi nunca fue el verdadero contralor, ¿cómo puede la Asamblea llevarlo a juicio político? Villavicencio prefiere dejar esa acusación en manos de la Fiscalía, sobre todo después de los hallazgos de la Comisión sobre ese tan enrevesado proceso de transición que va de Pólit a Celi. Según él, lo que ocurrió en la Contraloría entre mayo y junio de 2017, cuando Pólit se mandó a cambiar de país sabiendo lo que se le venía encima, fue un verdadero asalto a cargo de un puñado de influyentes correístas que luego serían personajes clave del gobierno de Lenín Moreno:    César Navas, Carlos Baca Mancheno y José Serrano. El objetivo: desvanecer tres glosas que los embarraban con indicios de responsabilidad penal. Los rastros de tan enredada operación terminarían ardiendo en el incendio de la Contraloría en octubre de 2019.

En eso consiste la perversidad del sistema: cuando se trata de juzgar al contralor (llámese Pólit o Celi) todo el mundo puede salir mal parado. No solo los correístas, que deberían empezar por admitir que el proceso de desvanecimiento de glosas es bastante anterior a lo que pretenden (se remonta, cuando menos, a los tiempos en que Galo Chiriboga era fiscal general de la nación); también algunas de las figuras más importantes de Pachakútik en la Asamblea, que hasta la fecha han logrado mantener sus glosas fuera del debate público. Empezando por la misma Guadalupe Llori, relacionada con un proceso de compra de semillas en la Prefectura de Orellana que fue auditado por la Contraloría y concluyó con indicios de responsabilidad penal. Hasta el cerebro de la bancada, Salvador Quishpe, que también fue glosado cuando era prefecto de Morona Santiago por la adjudicación de las obras de un puente mediante régimen de emergencia. Si se trata de expedientes, en la Contraloría hay para todos los gustos. No todo se quemó.

“Eso lo conocen muchos asambleístas, que han sido glosados por la Contraloría”. Las palabras de Pablo Celi ante la Comisión de Fiscalización permanecen flotando sobre el Pleno del Legislativo como una oscura amenaza. La habilidad de los interpelantes consistirá en mantener sus acusaciones dentro del ámbito de lo manejable y no terminar embarrados. Después de todo, nadie sabe lo que sería capaz de revelar el excontralor si lo provocan.    Por fortuna (para los involucrados) hay causales de censura lo suficientemente inocuos como para cumplir con su papel de fiscalizadores ante la opinión pública y mantenerse todos a salvo, incluido Celi. Esto es como la guerra fría: sería tan brutal el resultado de una conflagración atómica, que lo más seguro es que no pase nada.

Carrión, el próximo

La Comisión de Fiscalización que preside Fernando Villavicencio es el rostro visible más activo de la nueva Asamblea Nacional. El juicio político contra Pablo Celi, heredado de la Legislatura anterior, es solo el primero de una lista que promete ser larga. El exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, actualmente preso,    será el próximo. Y luego, Villavicencio habla de 65 investigaciones en marcha.