Se había dicho que el alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, se pronunciaría a través de un video en redes sobre la sentencia que recibió, pero luego Comunicación indicó que se encontraba en un recorrido de obras y que todavía no emitiría comentarios.

El silencio hasta el cierre de esta edición del funcionario no apagó el escándalo luego de que la Corte Provincial de Chimborazo hizo pública la sentencia a Quishpe a cinco años de prisión por tráfico de influencias y le dispuso pedir disculpas públicas y colocar una placa en la que indique que los funcionarios públicos deben velar por el buen uso de los bienes públicos.

El ruido de esta corruptela de un gobierno seccional se suma al del destituido Jorge Yunda en Quito y a las investigaciones en marcha contra la administración de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por presunto delito de peculado, pero no son los únicos casos.

Loja protagoniza este año un escándalo de este tipo. A mediados de 2020, el portal periodístico Crónica informó que los ediles del cantón acudieron a la Fiscalía de Loja para presentar una denuncia sobre presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas. En septiembre pasado aún se estaba a la espera de la audiencia de formulación de cargos. El alcalde del cantón, Jorge Bailón, ha acusado a los concejales de “buscar protagonismo”.

En Chimborazo también está en la lista de nombres el exprefecto de la provincia y actual asambleísta Mariano Curicama, que tiene dos sentencias, una por desobediencia de autoridad, al no acatar orden de juez competente y la otra de tres meses de prisión por retenciones ilegales a sueldos de trabajadores cuando estaba en el cargo. Ahora está en apelación.

Aunque no todos los casos manchan a los alcaldes o dignidades o prefectos. En el 2020, en la Municipalidad de Cuenca, se descubrió un caso de corrupción. El denunciante fue el alcalde Pedro Palacios, en contra de un funcionario que se hacía pasar como ingeniero magíster y reclutaba a personas ofreciéndoles trabajo dentro del Cabildo.

De acuerdo con las investigaciones, esta persona recibía dinero a cambio de supuestos cargos administrativos. El hombre fue detenido, y durante la audiencia de formulación de cargos, aceptó el delito y se acogió al proceso abreviado.

Otro caso que se popularizó esta semana en redes sociales fue la supuesta vinculación del alcalde de Ventanas, Rafael Sánchez, en los ‘Pandora Papers’, de acuerdo a la última filtración masiva publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Según los documentos secretos, el alcalde ventanense habría formado con sus familiares la empresa Sudamérica Cocoa Limited en las Islas Vírgenes Británicas en 2006. Y los Pandora Papers revelaron que Sánchez formó parte de Sudamérica Cocoa Limited al menos hasta mediados de 2016.

El propósito de esa compañía era poseer una cuenta bancaria en Estados Unidos con un monto de alrededor de un millón de dólares. Sin embargo, esa información no consta en las declaraciones patrimoniales juradas que ha presentado ante la Contraloría.

El burgomaestre no se ha pronunciado al respecto pese a las solicitudes.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en un análisis de estos y otros casos de corrupción a nivel gubernamental, lee que es lamentable que exista esta “corrupción naturalizada” del servicio público.

“La única forma de lograr que esto no se repita es hacer justicia. Estas cuestiones no pueden quedar en la impunidad. La Fiscalía tiene la obligación de investigar sin sesgo, sin dedicatoria, y los jueces deben sancionar más allá de sus simpatías. La única forma de que no se repita es actuar sin impunidad”, insiste el activista.