Caso Balda: Correa no quiere dar la cara

Rafael Correa analiza la posibilidad de no dar la cara ante la justicia ecuatoriana. El lunes, la jueza Daniella Camacho lo vinculó al caso Balda con los cargos de asociación ilícita y secuestro y le impuso, como medida cautelar, la obligación de presentarse cada quince días en la Corte Nacional. En respuesta, el expresidente habló ayer de pedir asilo político en Bélgica, “aunque todavía no es definitivo”. Eso lo pondría a buen recaudo de los jueces y a salvo de su abogado, Caupolicán Ochoa, que ya perdió un juicio para él y, en lo que va del caso Balda, ha movido muy mal sus fichas.

Correa se encuentra en Madrid, donde ayer ofreció una conferencia sobre la situación de América Latina y disfrutó de un público como los que él prefiere: poco enterado. “No sabía si hoy iba a estar libre para poder venir aquí”, empezó diciendo, pese a que la prisión preventiva ya fue definitivamente descartada. Y añadió: “Quieren que vaya allá para no dejarme salir”.

Mientras el expresidente decide si pedir o no asilo en Bélgica, las diligencias judiciales por el caso Balda continúan hoy, con la recepción de testimonios de Raúl Chicaiza y Diana Falcón, dos de los agentes que participaron en el secuestro. Precisamente una de las pruebas clave de la Fiscalía son las cartas que Chicaiza escribió a Rafael Correa, en las que habla abiertamente sobre el operativo. Según el expresidente dijo ayer, esas pruebas son falsas: “Están forjando pruebas para tratar de incriminarme porque no tenían absolutamente nada”.

Lo cierto es que los testimonios de los agentes pueden complicar a Correa, y Caupolicán Ochoa no luce muy preparado para enfrentarlos. El jurista cuencano de apergaminado estilo retórico, que fracasó con la demanda que el expresidente puso al periodista Martín Pallares, cometió esta semana un error de bulto: reveló su estrategia de defensa y se puso al descubierto ante la acusación particular de Balda.

El lunes, en la audiencia de vinculación del expresidente, Ochoa habló más de la cuenta. Él, se supone, debía limitarse a comentar las medidas cautelares solicitadas por el fiscal, Paúl Pérez. En su lugar, adelantó sus argumentos de descargo ante los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Si Correa, en lugar de pedir asilo, se acoge a las medidas cautelares y el proceso sigue su curso normal, la parte acusadora ya sabe a qué atenerse.

La estrategia de Ochoa se asienta en dos puntales. De un lado, argumentará sobre los supuestos vicios del procedimiento: porque el fiscal aún no ha sido posesionado por la Asamblea; porque la Asamblea no se pronunció sobre el pedido de autorización de la jueza para vincular a Correa; porque el secuestro ya fue juzgado en Colombia. De otro lado, el abogado afirmará la tesis de la inverosimilitud de los testimonios y tratará de reducirlo todo a un asunto de versiones encontradas: es la palabra de Correa contra la de sus acusadores. Sin embargo no existen, como lo dio a entender en Madrid el expresidente, pruebas sobre la falsificación de evidencias.

En Madrid

¿Una trampa judicial?

Ayer, en Madrid, Rafael Correa rechazó las medidas cautelares que le impuso la jueza Daniella Camacho. “Me pusieron una condición imposible de cumplir -dijo- y usarán que incumplí la medida cautelar y entonces me pondrán la prisión preventiva”. También afirmó que el objetivo es “quebrarlo” social, económica y familiarmente.