El futuro político y personal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está directamente atado al desarrollo de los procesos judiciales que enfrenta en distintas instancias
El futuro político y personal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está directamente atado al desarrollo de los procesos judiciales que enfrenta en distintas instancias.Cortesía

Caso Aquiles Álvarez: estos son los escenarios del alcalde en el proceso judicial

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El futuro político y personal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está directamente atado al desarrollo de los procesos judiciales que enfrenta en distintas instancias. Las causas abiertas en su contra no solo marcan su situación penal, sino que también inciden en la gobernabilidad del Municipio y en los límites legales de su permanencia en el cargo.

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Caso Triple A: supuesta comercialización ilegal de combustibles

Álvarez es procesado principalmente en dos casos de alto perfil. El primero es el denominado caso Triple A, en el que se lo acusa de presunta comercialización ilegal de combustibles cuando estaba vinculado a empresas del sector hidrocarburífero, antes de asumir la Alcaldía. 

Este expediente se encuentra en etapa de juicio y contempla la posibilidad de una sentencia absolutoria o condenatoria. La pena prevista para este delito podría implicar cárcel, aunque el desenlace dependerá del peso de las pruebas que presenten Fiscalía y defensa.

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Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, tendrá su nueva audiencia, por un tercer delito, el 16 de marzo.Cortesía

Caso Goleada: supuesto delito de delincuencia organizada

El segundo proceso, conocido como caso Goleada, lo investiga por un supuesto delito de delincuencia organizada, relacionado con una presunta estructura empresarial dedicada a desvío de combustible, lavado de activos y defraudación tributaria. En esta causa, Álvarez cumple actualmente prisión preventiva, una medida cautelar que no supone culpabilidad, pero que restringe su libertad mientras se desarrolla la instrucción fiscal.

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A partir de estos procesos se abren varios escenarios. El primero es la continuidad de la prisión preventiva en el caso Goleada. Si un juez considera que persiste el riesgo procesal, el alcalde podría permanecer privado de libertad por meses, dentro de los plazos que establece el Código Orgánico Integral Penal. Esta situación mantiene a la Alcaldía bajo una figura de subrogación y deja a Álvarez imposibilitado de ejercer funciones de forma directa.

Un segundo escenario es la eventual sustitución de la prisión preventiva por medidas menos gravosas, como presentaciones periódicas o prohibición de salida del país. De ocurrir, Álvarez recuperaría la libertad mientras sigue siendo procesado, aunque su retorno pleno al cargo dependería de decisiones administrativas, como la vigencia de licencias y la correlación de fuerzas en el Concejo Cantonal.

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El desenlace más determinante sería una sentencia ejecutoriada. Si en alguno de los casos se dicta una condena firme con pena privativa de libertad, la ley prevé la pérdida de derechos políticos y la destitución automática del cargo. En cambio, una absolución le permitiría retomar funciones y sostener que las causas en su contra no tuvieron sustento penal.

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De forma paralela al ámbito judicial, existe un escenario político-administrativo: la remoción desde el Concejo Municipal. Este mecanismo no depende de una sentencia penal, sino del cumplimiento o no de deberes como autoridad, entre ellos el abandono del cargo. Aunque este camino ha sido mencionado en el debate político local, hasta ahora no se ha concretado una resolución definitiva.

Mientras los procesos avanzan, la Alcaldía de Guayaquil opera en un contexto de interinidad, con decisiones observadas de cerca por su impacto legal y político. Por ahora, Aquiles Álvarez puede hacer uso de las vacaciones acumuladas. 

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