El confinamiento por la llegada de la COVID-19 a Ecuador ha consolidado al hogar como el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas, cuando es allí donde deberían estar más seguras.

Así lo detallan las alarmantes cifras de mujeres que han sido asesinadas por razones de género dentro de sus hogares en lo que va de 2020, por agresores que eran, en su mayoría, sus convivientes y parejas.

Hasta el 16 de noviembre de este año, organizaciones de la sociedad civil registran 101 femicidios, el 66 % de ellos cometidos por parejas o exparejas; mientras que un 8 % fue perpetrado por otras personas dentro del hogar, como los padres o padrastros. El año pasado cerró en 106 casos. Estadísticas que difieren de las oficiales, pues la Fiscalía solo registra 55.

“Siempre han dicho que te mataron o te violaron porque estabas en la calle a altas horas de la noche, porque te fuiste sola a algún lado, porque estabas vestida con un vestido provocativo en la calle. Entonces nos estamos dando cuenta de que no es cómo estés vestida, no es a la hora que estés, no es el lugar donde estés, porque ni en la misma casa se ha podido contener la violencia”, explica a este Diario Christina Torres, abogada del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y de Género.

Torres mira con preocupación que la cifra de femicidios en lo que va de noviembre (11) baja el promedio de muertes cada 72 horas, como se ha hablado en los últimos años, a cada 48 horas. “Esto es cada día más preocupante y el Estado no ha hecho nada”, asegura.

Además de las estadísticas de asesinatos machistas, organizaciones como CARE Ecuador han recibido un aluvión de nuevas denuncias de mujeres que durante el confinamiento fueron víctimas de amenazas y golpes por parte de miembros de su hogar.

“El 80 % de todas las mujeres que hemos atendido nos cuentan que han recibido amenazas, insultos. Es decir, las condiciones de crisis financiera, de inseguridad, se revierten a lo interno de los hogares como violencia hacia las personas de mayor vulnerabilidad, que en su mayoría son mujeres y niñas”, sostiene Alexandra Moncada, directora de CARE Ecuador.

Otro de los datos que se utilizan para evidenciar el aumento de la violencia machista dentro del hogar es el número de llamadas que ha recibido el ECU-911, que en los primeros meses de la pandemia registró una alerta por violencia basada en género cada cinco minutos. Ese número bajó a una llamada cada tres minutos entre junio y julio, cuando el país ya se encontraba en etapa de desconfinamiento.

Aunque todavía no hay datos oficiales sobre violencia sexual, las organizaciones civiles han detectado un aumento de casos, especialmente en niñas y adolescentes. Violaciones y abusos causados principalmente por hombres cercanos al círculo familiar o que están dentro de él, como padres, abuelos y tíos.

“Tenemos evidencia y testimonios muy fuertes de niñas y adolescentes. Lastimosamente en Ecuador la práctica del incesto es un tema tabú del que no se habla pero que existe, y existe de manera sistemática y permanente en todo nuestro país. No se evidencia, no se trata, ni está en la agenda pública”, afirma Moncada.

Para las especialistas, el acceso a la justicia sigue siendo una deuda pendiente con las víctimas, pese a que la fiscal Diana Salazar ha mostrado su apoyo a la lucha contra la violencia de género y le ha exigido al presidente que asigne el presupuesto necesario para ejecutar el plan de erradicación contra la violencia de género el próximo año.

“La Fiscalía nos dice que sí, que está invirtiendo pese a que le han recortado el presupuesto; pero no sucede nada. La respuesta sigue siendo nula. Nosotros le expresamos a la fiscal la necesidad de contar con justicia especializada, no solo con los jueces, sino con todas las personas que están dentro del sistema. Desde que pones la denuncia hasta que llega a juicio, ya que muchas denuncias se quedan solo en eso”, lamenta Torres.

EN DETALLE

Normalización. Según datos de ONU Mujeres, Ecuador es el país de la región con mayor tolerancia social a la violencia contra las mujeres. Una normalización que, a decir de las especialistas, está enraizada también en el sistema de justicia y en los cuerpos policiales que atienden a las víctimas de violencia.

Estadísticas. Uno de los principales problemas que detecta la abogada Torres es la disparidad en las cifras de femicidios, pues incluso dentro de las instituciones públicas estas varían. De los 101 femicidios que registran las asociaciones, la Fiscalía reconoce como tal a 55, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos a 61.