La audiencia del caso Singue se difiere otra vez
El exministro Wilson Pástor cambió a sus abogdos horas antes de la fecha señalada para que se realice la audiencia
Cambiar de abogado a último momento. Ha ocurrido en los procesos contra los dirigentes de taxis Jorge Calderón y Abel Gómez, en el caso Sabastián Yunda y el caso de Freddy Carrión. Ahora se aplica en el caso Singue.
Este martes 15 de febrero de 2022 estaba previsto que se instale la audiencia de apelación a la sentencia contra siete personas, entre estas el exministro de Hidrocarbiuros Wilson Pástor, quien cambió de defensores la noche previa y solicitó tiempo para que su nuevo abogado se empape del proceso y elabore una estrategia jurídica.
“Ayer (lunes), la defensa designada por el ingeniero Wilson Pastor le informó que era una situación emergente y que no podría estar aquí presente, eso le generaba un riesgo de que quedarán en indefensión… Yo asumí la defensa a las 19:00 de ayer, he comparecido apenas abrieron la ventanilla, le he explicado la situación a la Sala. La Fiscalía ha manifestado entender perfectamente la situación y es derecho de todas las defensas poder prepararse”, explicó Juan Pablo Albán, nuevo abogado de Pástor, quien tiene una condena de ocho años de cárcel por peculado.
Ante esta situación, los jueces Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho, de la Corte Nacional decidieron diferir la audiencia, pero no pusieron una nueva fecha.
Ya son tres veces que la diligencia no se pueda dar. La primera vez por un problema de salud de la abogada de Jorge Glas, exvicepresidente sentenciado a ocho años de cárcel en este expediente.
El caso Singue tiene relación con la entrega del campo petrolero del mismo nombre. El perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de 33,5 dólares por barril, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero.
En 2021, se convocaron 174.919 audiencias en el ámbito penal, de las cuales se realizaron unas 105.500. De las no realizadas, 6.800 fueron diferidas por pedido de Fiscalía, ya que cruzaban con otras diligencias previamente dispuestas y 69.341 no se dieron por pedido de otras partes procesales.
