En 2016 debía estar concluido en el país un costoso sistema de transmisión de alto voltaje que permitiría evacuar la energía de las nuevas hidroeléctricas Coca Codo Sinclair y Sopladora.

El llamado proyecto 500 kV (kilovoltios), cuya inversión presupuestada es de $ 677 millones, fue concebido para reforzar el suministro de energía a sectores geográficos deficitarios en el territorio nacional y, además, materializar el plan de Ecuador de convertirse en exportador de electricidad.

La fecha del fin de este ambicioso programa energético debía ser menor a las previstas para las dos hidroeléctricas; sin embargo no ha sido así. Ambas centrales, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Electricidad, entraron en operación hace dos años, mientras que, hasta el pasado mayo, la obra de transmisión presentaba un avance físico del 98,47 %, según informó a EXPRESO la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), el organismo responsable del proyecto.

Los problemas de suministro de suficiente cantidad de energía en el país a causa de un incompleto sistema de transmisión, es una situación que fue cuestionada por el ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez -quien asumió los ministerios de Electricidad y Minería- en una reciente entrevista con este Diario.

El nuevo sistema debe disponer de líneas de transmisión eléctrica a 500 y 230 kV y capacidad de transformación a través de 6 subestaciones ubicadas en Quito, Guayaquil, el centro y el nororiente del país.

En abril se realizaban los últimos trabajos en la construcción de subestaciones eléctricas, según reporta Celec en una ficha informativa del proyecto.

¿Qué obras faltan? A la fecha, las que conforman la red “se encuentran concluidas, energizadas y en operación, con excepción de la línea de transmisión El Inga-Tisaleo, en la cual está pendiente la finalización de 6 km en el sector de Toacazo, provincia de Cotopaxi”, puntualizó la administración de la empresa pública.

Para los trabajos de diseño, suministro y construcción del proyecto 500 kV, Celec suscribió, en julio de 2013, un contrato con la empresa china Harbin Electric International, por $ 599’097.509. Un año después, la firma bielorrusa JSV Belzarubezhstroy fue contratada para la fiscalización, por la suma de $ 33’998.617,24.

Con un plazo contractual original de 1.185 días, la obra debió finalizar el 23 de octubre de 2016, pero varios imprevistos han motivado su retraso, como lo justifica Celec.

Se han realizado varias ampliaciones de plazo de entrega del proyecto, “principalmente por la necesidad de ejecutar una variante para garantizar la seguridad de las líneas de transmisión del proyecto; y, debido a los acuerdos pendientes con las comunidades pertenecientes a la Unocanc (Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi) ubicadas en el sector de Toacazo”, detalla la entidad.

Pero el montaje de la infraestructura ha tenido otras restricciones. La entrega de recursos fuera de los plazos programados, cambios en las rutas definidas inicialmente, retrasos en las obras civiles y la terminación contractual con la compañía fiscalizadora, se anotan entre los inconvenientes.

La Contraloría detalló parte de los contratiempos del proyecto en un examen especial a los recursos de líneas de crédito concedidos al Ecuador por parte de organismos internacionales. El Eximbank de China financió el 85 % del monto de construcción, con un préstamo de $ 509’232.882,64.

El convenio de crédito del banco chino se firmó el 29 de octubre de 2014, es decir 15 meses después de que se firmara el contrato de construcción de la obra.

Las causas para los retrasos

La Contraloría encontró entre los mayores inconvenientes para el avance del proyecto, los problemas en importaciones de bienes para el ingreso de materiales, una inadecuada gestión para el cumplimiento del plan de manejo ambiental y complejas condiciones naturales en los sitios de la obra.

Las condiciones del crédito del Eximbank incluían el pago de una póliza de seguro. Según la Contraloría, la demora en su pago causó la suspensión temporal de la obra y generó recargos financieros por $ 7’018.000,46, que el Estado debía asumir.

La iliquidez afectó a firma bielorrusa

El 12 de julio de 2016, Celec y JSV, deciden, por mutuo acuerdo, poner fin al contrato de fiscalización. La contratista bielorrusa expuso dos motivos: no podía cumplir con la garantía de buen uso del anticipo y tenía inconvenientes para cobrar sus planillas, ya que el pago estaba atado a que Harbin International, la encargada de la construcción, presente las suyas. “La falta de liquidez afectó gravemente su estado económico”, reseña el acta firmada. Transelectric, unidad de negocio de Celec, asumió desde entonces la labor de fiscalización.