El Parlamento venezolano (de mayoría opositora) pidió a la OEA mediar en la crisis institucional agravada por un fallo que redujo sus poderes, una apuesta compleja, pues el Gobierno acusa al titular del organismo regional, Luis Almagro, de respaldar maniobras “golpistas” opositoras.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó ayer solicitar que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para que la Organización de Estados Americanos (OEA) intervenga en el choque de poderes, que se registra desde hace dos meses, cuando esa coalición asumió el control de la Asamblea Nacional, luego de las elecciones legislativas.

En su exhorto, el bloque opositor adujo que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló facultades de control legislativo, ha generado una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente la democracia”.

Por ello, instó al secretario general del organismo regional a “hacer uso de las atribuciones que le otorga” la Carta Interamericana, un instrumento creado para evitar quiebres institucionales en los países que integran la OEA. “Es una movida inteligente de la oposición y, sobre todo, hacerlo desde el Parlamento”, declaró la internacionalista Elsa Cardozo.

Acusado por la oposición de ser el “bufete jurídico” del Gobierno, el TSJ emitió un polémico fallo que limitó el control parlamentario al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y de los militares.

El artículo 20 de la Convención prevé la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para valorar posibles afectaciones graves del “orden democrático” en un país miembro.

“El Consejo Permanente (...) podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”, señala el texto. EFE