La Asamblea discute como ajustar estructura

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La Asamblea discute como ajustar estructura

El trabajo legislativo no es en horario completo, según la oposición.

Plenario. Patricio Donoso y Raúl Auqilla, de CREO, y Franco Romero (último), el independiente y nuevo aliado.

Redactar leyes es una de las funciones del Legislativo. El mal o buen diseño del procedimiento legislativo puede traer grandes problemas en la construcción de las normas. Si esas iniciativas no están bien logradas chocarán con la realidad que viven los ciudadanos.

Por eso, el nuevo diseño del esqueleto de la Asamblea no es tan fácil como se pensaba. Ni siquiera el propio oficialismo está de acuerdo con todo lo planteado en las reformas a la Ley de la Función Legislativa.

Ese trazado, que se elaboró en la Comisión de Participación Ciudadana, recibió nada menos que 11 propuestas del oficialismo y de la oposición.

Ayer, la Asamblea hizo el primer debate de ese proyecto, que recoge la mayoría de los aportes de su titular, Gabriela Rivadeneira. Ella presentó las primeras reformas en 2015 y las segundas en 2016.

Los oficialistas estuvieron en desacuerdo sobre la ‘libertad del ponente’ para recoger o incorporar observaciones en un informe final. Esto se traduce en esas leyes que terminan con textos agregados, sin el conocimiento de los asambleístas del plenario. Por ejemplo, eso ocurrió con la Ley de Comunicación, según la oposición.

Tampoco hubo sintonía sobre el límite de tiempo establecido para instalar una sesión de plenario, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones. La propuesta original es de 45 minutos, pero el legislador oficialista, Virgilio Hernández, pidió que sean 30.

Según él, para evitar las ausencias deliberadas y no dar quórum existen otras posibilidades: trabajar en comisión general, registrar las faltas y sancionar a los asambleístas.

Pero, además, hubo discordia en los ‘castigos’ para los legisladores que no justifiquen sus faltas. Rivadeneira propuso la destitución de los ‘faltones’, pero la Comisión de Participación Ciudadana matizó ese artículo por sanciones graduales y según la reincidencia: con el 40 % de faltas en un mes habrá una sanción económica equivalente al 60 % del salario.

Para el asambleísta de CREO, Wilson Chicaiza, hay “muchos parlamentarios que llegan al pleno solo a registrar su asistencia y después se retiran a otras actividades personales e incluso profesionales”, dijo a este Diario.

Es decir, los ciudadanos pagan los salarios de estos representantes del pueblo sin que ellos trabajen todos los días y en horario completo. “Son horarios diferidos e incompletos”, agregó.

Redactar leyes es una de las funciones del Legislativo. El mal o buen diseño del procedimiento legislativo puede traer grandes problemas en la construcción de las normas. Si esas iniciativas no están bien logradas chocarán con la realidad que viven los ciudadanos.

Por eso, el nuevo diseño del esqueleto de la Asamblea no es tan fácil como se pensaba. Ni siquiera el propio oficialismo está de acuerdo con todo lo planteado en las reformas a la Ley de la Función Legislativa.

Ese trazado, que se elaboró en la Comisión de Participación Ciudadana, recibió nada menos que 11 propuestas del oficialismo y de la oposición.

Ayer, la Asamblea hizo el primer debate de ese proyecto, que recoge la mayoría de los aportes de su titular, Gabriela Rivadeneira. Ella presentó las primeras reformas en 2015 y las segundas en 2016.

Los oficialistas estuvieron en desacuerdo sobre la ‘libertad del ponente’ para recoger o incorporar observaciones en un informe final. Esto se traduce en esas leyes que terminan con textos agregados, sin el conocimiento de los asambleístas del plenario. Por ejemplo, eso ocurrió con la Ley de Comunicación, según la oposición.

Tampoco hubo sintonía sobre el límite de tiempo establecido para instalar una sesión de plenario, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones. La propuesta original es de 45 minutos, pero el legislador oficialista, Virgilio Hernández, pidió que sean 30.

Según él, para evitar las ausencias deliberadas y no dar quórum existen otras posibilidades: trabajar en comisión general, registrar las faltas y sancionar a los asambleístas.

Pero, además, hubo discordia en los ‘castigos’ para los legisladores que no justifiquen sus faltas. Rivadeneira propuso la destitución de los ‘faltones’, pero la Comisión de Participación Ciudadana matizó ese artículo por sanciones graduales y según la reincidencia: con el 40 % de faltas en un mes habrá una sanción económica equivalente al 60 % del salario.

Para el asambleísta de CREO, Wilson Chicaiza, hay “muchos parlamentarios que llegan al pleno solo a registrar su asistencia y después se retiran a otras actividades personales e incluso profesionales”, dijo a este Diario.

Es decir, los ciudadanos pagan los salarios de estos representantes del pueblo sin que ellos trabajen todos los días y en horario completo. “Son horarios diferidos e incompletos”, agregó.