Era como si la Corte Constitucional no hubiera decidido nada. Peor aún: como si sus decisiones pudieran ser desacatadas alegremente en función de un criterio personalísimo e indiscutible basado en los gustos del interesado. Si la Corte nos gusta, acatamos; si nos disgusta, que la lleve el diablo. “Esta es la Corte del trujillato”, argumentó la correísta Luisa González como si con eso alcanzara. Otros se cubrían con una simple declaración: “No estoy de acuerdo con la Corte”. Dicho lo cual se abría un mundo de posibilidades. Así, lo que debió ser un debate para dictar “una legislación que fije los límites objetivos y técnicos” al derecho al aborto en casos de embarazo por violación (derecho reconocido por la Corte Constitucional), se convirtió en un debate sobre el aborto en general a partir de cero. Es decir: un aborto de debate.

Con esta monumental pérdida de tiempo, la Asamblea Nacional llega al final de su primer período de sesiones con absoluta fidelidad a su propio estilo: el de un Poder Legislativo donde los caprichos de los asambleístas mandan sobre las reglas del control constitucional, la retórica sobre la realidad y las agendas particulares sobre las públicas.

Dos cámaras de facto

1. En sus relaciones con la Corte Constitucional, la Asamblea no le teme al ridículo. Llegó al extremo de emitir una resolución (una de esas resoluciones inocuas, no vinculantes para nadie y sin otro valor que el de un saludo a la bandera) para condenar un dictamen de la Corte según el cual el presidente podía firmar el CIADI (un convenio internacional sobre inversiones) sin consultar al Legislativo. El CIADI entró en vigencia, la Asamblea perdió horas en necedades y su resolución salió directamente del Pleno al basurero.

En esta turbia relación entre poderes, la actual legislatura heredó de la anterior el conflicto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). En ella se fija una serie de egresos demagógicos (alza de sueldos para el magisterio, por ejemplo) sin cumplir el requisito constitucional de establecer una fuente de financiamiento. Aunque la Corte Constitucional se lo ha mandado, la actual Asamblea rehuye su responsabilidad de enmendar esta carencia.

Cuando este comportamiento se erige en sistema, la situación se vuelve paradójica: de un lado, está un Legislativo que menosprecia el control constitucional a tal extremo que llega a delegar esa función a su propio Consejo de Administración Legislativa. De otra lado, y como consecuencia, una Corte Constitucional que termina convertida en el comodín para solucionar las ineficiencias parlamentarias. El constitucionalista Rafael Oyarte lo dijo con exactitud y con gracia: la Corte Constitucional se ha convertido en la cámara alta de la Asamblea.

La feria de la alegría

2. Los asambleístas parecen dispuestos a batirse por una ley desfinanciada (e inconstitucional) con tal de no perder el favor de sus electores. En el caso de la LOEI, el mensaje a los maestros fue claro: nosotros cumplimos, el traidor es el gobierno. ¿De dónde han de salir, entonces, los 3 mil millones de dólares necesarios para financiar el incremento salarial generosamente establecido por el Legislativo? Ese no es nuestro problema, dicen los asambleístas. Ellos, simplemente, están en campaña electoral permanente.

A la nueva vicepresidenta de la Asamblea, por ejemplo, Yeseña Guamaní, le parece escandaloso que la proforma presupuestaria del gobierno no incluya la deuda por pensiones a 17 mil maestros jubilados. Le preocupa que se recorte el presupuesto de las universidades. Reclama un mecanismo para el pago de los 16 mil millones que se le adeuda al IESS. Por lo demás, no le preocupa de dónde puede salir todo ese billete. Critica la reducción del gasto público y, de paso, le parece una pésima idea “la monetización y venta de activos del Estado en afectación del interés nacional”.

Ese es el sentido de la oposición a los presupuestos y la reforma tributaria. Si algo caracteriza a la Asamblea es su incapacidad de hacerse cargo de la situación del país. Desde su alegre despreocupación, vale lo mismo mantener la rentable postura de enemigos número uno del alza de impuestos (como hacen los socialcristianos, que notarizaron ridículamente esa política) o barajar cuentas alegres con dinero inexistente, como aquellos asambleístas de Pachakutik que pretenden cargar todas sus promesas a “la plata de la corrupción”, que ellos juran que se recuperará algún día, o a los impuestos impagos de los evasores, que según sus cálculos alcanza para todo.

¿Cuánto vale un voto?

3. En el debate sobre el Caso Pandora Papers, la asambleísta de Pachakutik Gisella Molina estalló en un arrebato de indignación moral: “Lo digo con mucho conocimiento -aseguró-: unos quieren puestitos, otros quieren impunidad, otros quieren librar a sus amigos pero todos quieren algo al fin del día”. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha sido más específico: acuerdos de impunidad para los perseguidos por la justicia, libertad para Jorge Glas, gerencias de empresas estatales... La lista de pedidos a cambio de votos haría palidecer de envidia a aquel personaje que se conocía como “el hombre del maletín”, hoy sustituido por el WhatsApp, escenario de todas las negociaciones.

En el trámite de aprobación de la reforma tributaria, ¿cómo es posible que al gobierno le resultara más barato pactar con el correísmo que con Pachakutik, el PSC o la ID? Se suele acusar a Carondelet, especialmente a la ministra de Gobierno Alexandra Vela, de incapacidad para negociar. Se pasa por alto las fichas en juego: la presidencia de Petroecuador, las direcciones provinciales del Ministerio de Inclusión, las Corporaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CNT) o Electricidad (CNEL)... Cuando se trata de pedir, El cielo es el límite.

En el reino del lobby

4. Incluso cuando las operaciones políticas no son tan perversas como vender el voto, parece claro que en la Asamblea los intereses particulares están por encima de los públicos. Cuando uno observa las listas de leyes y proyectos aprobados o en discusión en las comisiones (se pueden consultar en la página del Observatorio Legislativo y en la de la propia Asamblea) queda la impresión de que las agendas legislativas son un collage deshilvanado que difícilmente apunta a las prioridades nacionales. Esto se debe a que los asambleístas tienen una visión corporativa de su propia función política. En otras palabras: son lobistas de grupos de presión y a mucha honra.

Ha habido asambleístas que se enorgullecían de hablar a nombre de los transportistas. O del sector minero. O de los ganaderos. Fueron públicas las dificultades que enfrentó un proyecto de ley para establecer una veda temporal de la comercialización de tiburones y la prohibición del uso de palangre en las Galápagos. ¿Por qué? Porque hay asambleístas que “representan al sector pesquero”. Y al socialcristiano Esteban Torres le parece de lo más normal pedir al ministro de Agricultura “precios competitivos” para los productores de maíz de Tungurahua y “tranquilidad” para “el sector lechero, especialmente en la Sierra centro y en la provincia de Tungurahua”. Luego declara ser enemigo de la fijación de precios, claro. No le hace bien al país. Pero los intereses de los grupos de presión están por encima de esas nimiedades.

lumpemparlamentarismo

Aunque un par de veces ha sido objeto de comentarios en el Pleno y de críticas en las páginas de opinión, hay un problema cuya gravedad no parece tomarse muy en serio en la Asamblea: la costumbre de la mayoría de sus miembros de leer sus intervenciones. Una forma de debate que significa, sin más, la muerte del parlamentarismo. De un lado, nadie puede garantizar la autoría de los discursos. A veces el legislador los lee con tanta torpeza que resulta evidente que ni siquiera los termina de comprender del todo. De otro lado, esta práctica va de la mano con la ostensible, lastimosa incapacidad retórica del asambleísta promedio; sus sorprendentes dificultades para expresarse con corrección; su bajísimo nivel educativo. La legislatura de 2021 inaugura la etapa del lumpemparlamentarismo.