Los anunciantes furtivos

Eran cuatro hombres. Vestían ropas ajadas y se desplazaban a bordo de un camión. Para ejecutar su plan, utilizaban palas, picos y unos baldes, donde mezclaban el hormigón al abrigo de la oscuridad. Su ‘modus operandi’ parecía claro: instalar las estructuras en los estrechos parterres que colindan con los muros de las ciudadelas, centros comerciales y entidades académicas. Unos fotomontajes les ayudaban a identificar los “treinta” puntos escogidos a lo largo de la vía a la costa.

El pasado viernes en la noche, a eso de las 19:00, Galo Plúa, presidente de la urbanización Arcadia, telefoneó a su esposa para que lo recogiera en Los Ceibos. Pero la notó inquieta. Había descubierto a un grupo de desconocidos “fundiendo algo” en el jardín exterior del ingreso.

Plúa telefoneó a los guardias de la garita con el objetivo de averiguar qué sucedía. La explicación que los operarios dieron a estos lo sorprendió aún más. “Los tipos precisaron que estaban colocando unos rótulos publicitarios y que tenían un permiso expedido por el Municipio”, relata a EXPRESO.

Su versión no le cuadraba, en parte porque nadie le había anunciado el inicio de los trabajos. De hecho, Efrén Baquerizo, director de Uso del Espacio y Vía Pública, indicó a este Diario que su área no ha tramitado “ninguna” autorización para operar en la zona ni ha recibido el necesario informe favorable de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial. La respuesta por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue idéntica.

Así que el dirigente de Arcadia rogó a los uniformados que exigieran ver el documento: “Como no lo llevaban consigo, fui lo más rápido que pude”.

A su llegada, el estropicio ya estaba consumado. Habían regado la tierra de hormigón y ladrillos. Después habían clavado las dos patas de la estructura, reforzadas con varillas. Y, por último, habían acoplado el soporte metálico, de un metro de altura. Solo les faltaba encajar los letreros de los anunciantes sobre este y acometer “la instalación eléctrica” para iluminarlo. En el vehículo cargaban “otros seis” armazones iguales.

Plúa, molesto, tomó varias fotografías y conversó con el responsable del equipo. Pero este insistió en que sus superiores guardaban el permiso que la ordenanza recoge como obligatorio. “Le aclaré que no tenían derecho a operar si no lo portaban. Y cuando le pregunté el nombre y el teléfono de su jefe, no me lo dio porque, según él, tenía el celular descargado. Entonces hablé con uno de nuestros vigilantes para que llamara al ECU-911 y les advertí de que iba a contactar con el Municipio y con los presidentes de otras ciudadelas. Al escuchar eso, desbarataron todo y salieron corriendo”, recuerda.

La alerta que lanzó a través de WhatsApp empujó a Guillermo Ayala, su homólogo de Puerto Seymour, a recorrer la vía en busca de más estructuras similares. No tardó en detectarlas.

Habían levantado una junto a la cerca de su urbanización, a pocos pasos del centro comercial Costalmar; dos más al lado de Terranostra; una cuarta, a diez metros de la entrada al IDE Business School; y la última, en los aledaños del ‘mall’ Laguna Club. “Actuaron en lugares bonitos. Sabían lo que debían hacer”, analiza.

En su caso, el enfado es doble. Porque en Puerto Seymour han destinado una “importante” suma de dinero a acondicionar las áreas verdes de alrededor, que son municipales. Y, al mismo tiempo, le indigna que los soportes continúen anclados a la tierra.

Por eso, Ayala deja claro que ni él ni sus colegas permitirán más intromisiones, salvo que las compañías dispongan de los documentos correspondientes. “Si cedemos con uno, aparecerán más”, sentencia.

La colocación

Requisitos

Para obtener un permiso, hace falta el beneplácito de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial, así como el de Uso del Espacio y Vía Pública.

Controles

Justicia y Vigilancia es la dirección encargada de supervisar la correcta instalación de los rótulos y de sancionar a quienes infringen la ordenanza.

Multas

La normativa no concreta el importe de las multas, que varía según la magnitud del caso. Los implicados tienen ocho días para retirar las estructuras.